La política laboral del gobierno de Nicolás Maduro sufrió un radical cambio en los últimos tres años. De los aumentos casi mensuales que se presenciaron en 2017 con promesas populistas sobre la protección salarial y el combate contra la «guerra económica», ahora el Ejecutivo escatima con el dinero que otorga a la administración pública, sus propios empleados.
Durante el último año solo se ha efectuado un ajuste salarial que llevó el mínimo de apenas $2,5 mensuales a $40 para el momento del aumento, un monto conformado por Bs 126 de sueldo y Bs 45 de bono de alimentación.
La inflación ya ha ganado terreno sobre esta remuneración, pues el salario que para marzo de 2022 equivalía a $40, ahora representa $28 según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) y $25 si se toma en cuenta el dólar paralelo que rige muchas operaciones comerciales en el país.
Esto deja a la administración pública en el umbral de la pobreza extrema, considerado por el Banco Mundial cuando el ingreso es inferior a $1,90 diarios. En este caso, la remuneración diaria no llega ni siquiera a la mitad, pues es de $0,83 por día.
Con este sueldo de miseria, el chavismo intenta promover la idea de que Venezuela está creciendo aceleradamente y que la profunda crisis económica y humanitaria existente al menos desde 2017 es parte del pasado.
Si bien es cierto que se ha evidenciado un crecimiento comercial en las ciudades más importantes del país, reflejado en la proliferación de bodegones, importación de vehículos de lujo, la reactivación del mercado de inmuebles de alto valor e incluso la aparición de cada vez más negocios; este fenómeno no ha traído consigo un incremento de la producción de bienes y servicios, de empleos y oportunidades. Como resultado, se experimenta una mayor desigualdad.
En pocas palabras, Venezuela es un país en donde el dinero fluye con mayor dinamismo que antes, pero solo unos pocos tienen acceso al capital. Los demás quedan rezagados ante un entorno económico inflacionario, con precios cada vez más elevados y un apoyo estatal que cada día está más ausente.
Esta es la realidad que padecen muchos trabajadores de la administración pública, alejados de esa «economía en crecimiento» que celebra el chavismo. Pero, incluso en estas condiciones paupérrimas, el Gobierno añade más complejidad al violar sus derechos laborales y hacer todo lo posible por ahorrarse recursos al momento de cumplir con sus obligaciones patronales.
Es así como surge en la discusión el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) emitido desde 2018 y renovado en distintas oportunidades, agregando cada vez más condicionantes que perjudican la remuneración de los trabajadores de la administración pública.
El último instructivo emitido fija montos a pagar por distintas primas que figuran en los contratos de los trabajadores e incluso en el cálculo de las tablas salariales. Como al momento de otorgar beneficios como vacaciones, aguinaldos o incluso para calcular la liquidación se toma en cuenta el salario integral tras sumar todas estas primas, el instructivo acaba por perjudicar también los cálculos de dichos beneficios.
Este es el motivo por el cual los profesores de la educación universitaria han protestado durante meses, hasta lograr adherir a la misma lucha al magisterio, los jubilados y pensionados, trabajadores de la salud y otros sectores en la exigencia de la derogación del instructivo.
El primer paso fue concentrarse en el pago del bono vacacional que adeudaba el Gobierno tanto el año pasado como este. Eran 105 días de vacaciones que debían pagarse tomando en cuenta las primas establecidas en los contratos de los trabajadores.
La administración pública pretendía cancelar esta deuda en cuatro partes, incluyendo una el año próximo, a merced de la inflación. Las protestas ejercieron suficiente presión al Gobierno como para que recularan y aprobaran un pago único. Sin embargo, los problemas siguen y con ellos las exigencias mediante protestas en la calle.
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