Era hasta ahora uno de los dirigentes más poderosos del Gobierno de Nicolás Maduro. El lunes renunció como consecuencia de una investigación por corrupción en las entrañas de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Tareck El Aissami Madah, ministro de Petróleo desde abril de 2020, aseguró que se ponía a disposición del presidente para apoyarle en su “cruzada contra los antivalores”. Pero la detención de varios altos cargos vinculados a él sugieren un cambio en los equilibrios de poder en la cúpula chavista. El ya exministro comenzó a militar en la izquierda radical desde los años noventa, cuando era dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), una de las de mayor tradición en el país.
Durante sus estudios, El Aissami se hizo amigo de uno de sus profesores, Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez y también militante político, y a través de él ingresó a las corrientes iniciales del chavismo. De la ULA egresó como abogado experto en criminalística. Llegó a estar al frente de la Federación de Centros Universitarios del país. Segundo de cinco hermanos, el político está casado y con dos hijos. Algunos de sus ancestros tuvieron cercanías con el Gobierno del partido Baaz, nacionalista, panarabista, laico y revolucionario, que ha ejercido de forma tutelar el poder en Siria desde 1964 hasta hoy. Shibli Al Ayssami, su tío abuelo, llegó a ser vicepresidente de Siria a mediados de los años sesenta.
Tareck El Aissami, de 48 años, era un dirigente relativamente desconocido hasta el año 2008, cuando fue nombrado Ministro de Relaciones Interiores y Justicia por Chávez antes de ocupar el viceministerio de Seguridad Ciudadana. Antes, en 2005, había sido parlamentario del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por Mérida, su Estado natal.
Para entender la confianza que las máximas autoridades chavistas depositaron en él, solo hay que remontarse a uno de sus cometidos. Fue el exmandatrario en persona que confió al criminólogo El Aissami una estrategia ambiciosa para enfrentar el grave aumento de la delincuencia y los homicidios de aquel entonces. Además, el joven dirigente tuvo una inusualmente longeva presencia en el Gabinete: en esos cuatro años su despacho llevó a prisión a varios capos colombianos escondidos en Venezuela, creó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y fundó su institución rectora, la novel Universidad Experimental de la Seguridad. El Aissami fue también uno de los funcionarios chavistas involucrados en la ruptura de relaciones entre Venezuela y la DEA, que se produjo en 2007.
Su estrategia de El Aissami contra el hampa, a pesar de estos esfuerzos, resultó en un fracaso. Aumentó el número de homicidios, de armas ilegales y de personas armadas, además del trasiego de armas de guerra para el crimen organizado, los secuestros y la violencia en las cárceles. El desborde delictivo se convertiría en una de las grandes máculas de la gestión chavista.
Sibilino, temido, poco dado a declarar, con fama de radical, El Aissami fue abriéndose paso como un cuadro emergente revolucionario. Con el portaviones electoral del comandante Chávez quedó electo como gobernador del Estado Aragua en 2012, un cargo que ocupó hasta el año 2016. En este tiempo tomaron aliento y poder de fuego las llamadas megabandas, grupos de hampones con armas largas organizados en escuadrones de 30 personas, en muchos caminos y pueblos de Venezuela.
La llegada de Nicolás Maduro al poder permitió a El Aissami aumentar su ámbito de poder e influencia más allá de los asuntos de seguridad ciudadana. En torno a su persona gravitaba un entorno de empresarios de origen árabe que logró posicionarse en el mapa económico del país en plena gestación del éxodo de millones de venezolanos. En este tiempo ha tenido una posición decidida en favor de una apertura oficial hacia el sector privado, y sobre su figura se han cobijado varios empresarios emergentes chavistas y no chavistas.
Cuando la crisis social y política se agravó y comenzó el declive en la popularidad del chavismo, sobre El Aissami se difundieron historias en torno a historias de corrupción. En 2019, la Corte Federal de Manhattan emitió una sentencia en la cual se le acusa de narcotráfico, junto al empresario Samarck López. El Departamento del Tesoro le haría después señalamientos similares. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estableció más tarde una recompensa por su captura. El Aissami respondió que estas acusaciones, viniendo de Estados Unidos, representaban para él un honor, y afirmó tener “la moral revolucionaria intacta”.
Los vínculos políticos que el régimen de Maduro tiene con Irán, y con el también islamista y chiita partido Hezbollah, muy cercanos desde los tiempos de Hugo Chávez, tienen en El Assami a uno de sus embajadores e interlocutores naturales. También en la aproximación comercial y política con la Turquía de Recep Erdogan. Estas relaciones personales y políticas, necesarias para conseguir rutas alternas para comercializar el petróleo venezolano en un contexto de sanciones internacionales, le iban a servir de enorme utilidad en su nueva misión frente a PDVSA. Hasta este lunes, cuando un operativo sin precedentes ha llevado a la detención de dos figuras cercanas a él: Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos, un organismo público que gestiona los fondos de la industria petrolera, cada vez más escasos, a través de operaciones con criptomonedas, y el diputado Hugbel Roa.
