La organización Transparencia Venezuela ha venido realizando una serie de investigaciones en las cuales se acusa a Petróleos de Venezuela (PDVSA) de no contar con procedimientos claros en el proceso de contratación, rendición de cuenta y en el suministro de información referida a su gestión y estados financieros.
“Un principio básico para que se combata la corrupción es que se impongan principios de transparencia como la publicación de los informes de gestión y tenemos tiempo sin escuchar que el Contralor General de la Republica (Elvis Amoroso) diga algo sobre la falta de transparencia de PDVSA, sobre la gestión, sus informes financieros o cuánto dinero está transfiriendo para el FONDEN (Fondo de Desarrollo Nacional) o al Banco Central de Venezuela”, indica Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Desde 2003 se empezaron a tomar decisiones que destruyeron la institucionalidad transparente de PDVSA y la que más o menos tenía la industria antes de ese año si se comparada con la que hoy no existe”, acota.
Cuestiona la decisión del presidente Nicolas Maduro al designar a Pedro Ramon Tellechea con el doble cargo de ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, nombramientos que se suman al de tener también la posición de presidente de Pequiven.
“Si se quiere luchar contra la corrupción en PDVSA una de las primeras cosas que se debe hacer es la separación de cargos de gestión, supervisión, exigencia de rendición de cuentas y de políticas. Ese es uno de los elementos que ha generado mayor foco de corrupción porque es imposible ser juez y parte o cobrar y darte el vuelto”, indica.
Advierte que la opacidad en la corporación fue acentuándose durante la gestión de Rafael Ramírez como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, luego con la creación de los fondos paralelos, que además del FONDEN, que se contemplan la transferencia de recursos. Además, están el Fondo Chino o Fondo Miranda, que todavía subsisten.
Así mismo señala los casos que se han denunciado o los que han informado la fiscalía general de la República, por citar solo dos: los contratos llevados adelante por el actor Manuel “Coco” Soca o el de las monoboyas sin que exista un pronunciamiento por parte de los poderes públicos como el judicial o moral. “La industria, la Contraloría y el Tribunal Supremo han sido cómplices de esa opacidad, no dan información y no dan respuesta sobre lo que ha pasado en PDVSA”, dijo De Freitas.
Indica que en Transparencia Venezuela tienen la hipótesis que este caso sobre facturas incobrables por 3.000 millones de dólares en las cuentas de PDVSA se decide hacerlo publico porque 74% de los ingresos previstos en el presupuesto se contemplaba que provinieran de la exportación de crudo y combustibles.
Exhorta a derogar la Ley Antibloqueo o los artículos de esta legislación que consagran la falta de transparencia con disposiciones como la confidencialidad y derecho de reserva de información de contratos públicos, pero aclara ya antes de que fuera aprobada en PDVSA se estaban haciendo negociaciones con privados con opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones y sin rendición de cuentas.
“Si de verdad hay necesidad de hacer negocios bajo cuerda por la excusa de las sanciones, se debería mantener la información hacia la Contraloría General de la República, a los auditores de la empresa, a la Asamblea Nacional y el seguimiento debería ser más intenso Una cosa es que no se diga a quien se le vende el petróleo y cuál es el mecanismo de venta debido a las sanciones como es el argumento que se utiliza en el Gobierno y otra que se desaparezcan 3.000 millones de dólares”, puntualiza.
