Tribunal Supremo en Washington evalúa intento de Trump de eliminar el TPS de más de un millón de personas

Varias organizaciones y cientos de personas están convocadas este miércoles frente al imponente edificio del Tribunal Supremo en Washington D. C. para apoyar a los migrantes. Dentro, los jueces del alto tribunal celebrarán una audiencia cuya resolución afectará a más de un millón de personas. La Corte debatirá sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), del que dependen cientos de miles de ciudadanos de Haití y de Siria. Un fallo en contra del Supremo abriría la puerta para la deportación de haitianos y sirios, pero también de ciudadanos de otros países, como Venezuela o El Salvador, cuya única protección frente a la expulsión es el TPS, el programa que la Administración de Donald Trump ha ido dinamitando de a poco.

El País

“La decisión del tribunal determinará si más de 350.000 miembros de la comunidad haitiana y 6.000 de la siria perderán de inmediato su estatus legal y, potencialmente, serán detenidos y obligados a regresar a una situación de peligro. La decisión también podría determinar el futuro del TPS para 1,3 millones de personas procedentes de los 17 países designados para dicho programa, dado que la Administración está solicitando a la Corte Suprema que declare que las decisiones relativas al TPS no sean objeto de revisión judicial”, explica Megan Hauptman, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) que lleva la defensa de los sirios.

El programa TPS, promulgado en 1990 bajo la presidencia de George H. W. Bush, se creó para acoger temporalmente a los ciudadanos de países que estuvieran atravesando situaciones de crisis como conflictos armados o desastres naturales. A diferencia de los estatus de asilo y de refugiado —los cuales se evalúan caso por caso y pueden tardar años en obtenerse—, el TPS puede activarse con rapidez y abarcar a muchas personas simultáneamente. La vigencia es de entre seis y 18 meses, pero está sujeta a renovación.

Haití fue designado para el TPS por primera vez por la Administración de Barack Obama en 2010, a raíz de un devastador terremoto que afectó a casi un tercio de su población. La Administración de Joe Biden prorrogó el programa en varias ocasiones debido a las crisis económicas, sanitarias y políticas surgidas tras el asesinato de su presidente en 2021.

En el caso de Siria, Obama le concedió el TPS por la crisis que sufrió el país con la represión dictada por el expresidente sirio Bashar al-Assad contra las protestas antigubernamentales en lo que acabó siendo una sangrienta guerra civil de más de una década.

El año pasado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puso fin al TPS de esos dos países y de otros 11. El Supremo escuchará los argumentos de los casos Mullin contra Dahlia Doe y Trump contra Miot. El primero se refiere a una ciudadana siria que usa ese seudónimo. Dahlia, que aún no ha cumplido los 30 años, recibió el TPS en 2021. Trabaja como directora de investigación y reside en el Bronx, Nueva York, donde cuida a su padre, quien padece la enfermedad de Parkinson. Sus padres son residentes permanentes legales y su hermana es ciudadana estadounidense. Es ciudadana siria, aunque nació en otro país de Oriente Medio y nunca ha vivido en Siria, a donde podría ser deportada. La jueza de distrito Katherine Polk Failla dictaminó en noviembre que la terminación del TPS a sirios estuvo motivada por una “influencia política indebida”.

En el caso de Haití, la jueza de distrito Ana Reyes dictaminó en febrero que la decisión de Noem estuvo motivada por una animosidad “antinegra y antihaitiana” y se refirió a las declaraciones de Trump en las que calificó a Haití de “país de mierda” y en las que acusó a sus ciudadanos que viven en Springfield, Ohio, de comer las mascotas. La Administración Trump solicitó la revisión del Supremo después de que sucesivos tribunales de apelaciones se negaran a suspender los fallos a favor de los migrantes.

Los abogados de los demandantes han dicho que la Administración es incongruente al determinar que esos países ya no tienen las situaciones por las que se les concedió el TPS a la vez que desaconseja a los estadounidenses que no viajen a esos países por los secuestros, la actividad terrorista y la inestabilidad.

Una situación similar se ha producido con Venezuela, El Salvador o Afganistán y forma parte del proyecto de la Administración de sacar a los migrantes del país, para lo que ha atacado varios programas que los protegen, como el asilo, el de refugiados, o DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). “Se está luchando para revocar su TPS, no porque las condiciones que los llevaron a buscar refugio hayan cambiado en lo más mínimo. En algunos casos, dichas condiciones incluso han empeorado; y esto, paradójicamente, parece ajustarse a la intención de este programa, pues lo que se busca es poder encajar en la visión que tiene esta Administración sobre quién merece ser estadounidense y quién tiene derecho a permanecer en este país”, denunció ayer en una rueda de prensa virtual Delia Ramírez, representante demócrata por Illinois. La Cámara de Representantes aprobó este mes la prórroga del TPS de los ciudadanos de Haití gracias al voto de tres republicanos, aunque tiene pocas posibilidades de pasar el examen en el Senado.

Según un informe publicado esta semana por FWD.US los beneficiarios del TPS aportan más de 29.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan cerca de 8.000 millones de dólares en impuestos.

“Desde el primer día, hemos trabajado duramente no solo para sobrevivir, sino también para contribuir y retribuir”, afirmó Cecilia González, beneficiaria de TPS y cofundadora del Caucus Venezolano Americano. “Me costeeé mis estudios universitarios trabajando; a menudo tuve que compaginar varios empleos a la vez y logré graduarme con honores. Hoy trabajo a tiempo completo como defensora de los derechos de voto”, agregó. Para González, el caso que escucha ahora el Supremo no se trata solo de dos países. “Se trata de un esfuerzo más amplio para eliminar las protecciones y el estatus legal de los inmigrantes con el fin de hacernos deportables; envía el mensaje de que incluso cuando sigues las reglas, incluso cuando construyes tu vida aquí, tu estatus puede ser arrebatado de la noche a la mañana”, afirmó.

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