Redaccion El Tequeno La voz de Pedro Lorenzo Concepción parece que se va hundiendo, naufragando entre los extensos humedales poblados de mosquitos, pitones o caimanes que habitan los Everglades. Sale al teléfono desde el mismísimo Alligator Alcatraz, el centro de detención para migrantes más temido que los republicanos construyeron en el patio trasero de Florida. A la pregunta de cómo está, responderá que obviamente no está bien, cumple hoy nueve días en huelga de hambre.
“Me siento débil, con mucha acidez”, dice Pedro desde la cama baja de su litera, en la celda donde permanece junto a otros 31 reclusos, algunos de los cuales lo ayudan a levantarse, le acercan un pomo de agua y se lo abren, porque sus fuerzas se agotan, tanto o más que su paciencia.
Hace cuatro días lo llevaron al hospital. Su esposa, Daimarys Hernández, de 40 años, lo supo porque la pareja de otro migrante detenido la llamó para informarle. Daimarys enseguida telefoneó, asustada, a casi todos los hospitales de Miami, en los que repitió las mismas interrogantes: si sabían de él, un migrante cubano, de 44 años, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado a la prisión de Alligator Alcatraz, que se había negado a ingerir alimentos desde el 22 de julio pasado.
En todos los centros médicos le respondieron que no tenían noticias de un paciente con esas características. Incluso negaron su presencia en el Hospital de Kendall, donde luego supo que Pedro estuvo tres días, esposado, mientras los doctores trataban de convencerlo de que se llevara algo a la boca. Pedro se rehusó. Se ofendió cuando le propusieron tomar aunque sea un jugo, ahora que “nadie lo estaba viendo”. Se viró y les dijo: “¿Saben por qué yo no puedo hacer eso?”, cuenta ahora con una voz rasgada. “Porque tengo que respetarme a mí mismo y a todas las personas que están conmigo”.
Fue la razón por la cual firmó un documento en el que deja constancia de su voluntad de no recibir ningún tipo de ayuda. “No quiero comida, me rehúso a cualquier tratamiento. Yo ni siquiera pedí que me llevaran al hospital, porque yo estoy luchando por mi familia y por todos los cubanos y debo estar donde está mi gente, en la prisión, pasando el mismo trabajo que están pasando ellos”.
Un mes antes de que el ICE lo arrestara, Pedro estaba nervioso, alterado. Había visto más de una vez las imágenes de los oficiales deteniendo a otros cubanos en las cortes de migración, o en las paradas del tráfico. El gobernador Ron DeSantis, un fiel aliado de Donald Trump, ha preparado el terreno para colaborar con la ofensiva antiinmigrante del Gobierno federal, que en lo que va de año acumula más de 10.000 arrestos solamente en el Estado de Florida, y casi 60.000 en todo el país.
A las ocho de la mañana del 8 de julio, Pedro se presentó junto a su esposa en la oficina del ICE, en Miramar, a donde asistía de manera rutinaria desde que un problema legal lo despojara de su residencia permanente y lo llevara a la cárcel. Hace más de 10 años, fue encontrado culpable por cuidar una casa con siembras de marihuana y luego por servir de chofer a personas involucradas en el robo de tarjetas.
En dos ocasiones Estados Unidos intentó deportarlo, pero Cuba nunca lo aceptó de regreso. Desde hace tiempo estaba, dice, “tranquilo”. Se hizo de una familia. Aquella mañana, en Miramar, Daimarys lo esperó afuera del local. El tiempo pasaba y su esposo no salía. Otros abandonaban la oficina, pero él no. De un momento a otro, Daimarys recibió una llamada del ICE a su teléfono. Era Pedro.
“Mi amor, mi amor, te amo, me quedo aquí, te amo, cuídate mucho”, le dijo. Y a Daymarys, que lo cuenta y no para de llorar, el corazón se le hizo un puño. Se conocen desde 2006, desde que él, tras dos intentos fallidos, llegara por mar en una balsa desde Cuba. Tienen dos hijos, que han criado y visto crecer. “En un minuto se te derrumba la vida”, dice ella. “Han sido 19 años de estar juntos”.
“Ya no puedo seguir viviendo así”
Pedro apenas duerme, acaso dos o tres horas en la noche larga y pantanosa de los Everglades. “Desde que estoy en huelga me despierto mucho”, cuenta de manera entrecortada. Luego detiene la conversación, recupera fuerzas y sigue: “Cuando me acuesto boca arriba, es como si tuviera una pesa de 50 libras (22 kg) encima, me duele el estómago. Yo aguanto y digo que estoy bien, pero no lo estoy”.
En la celda se ha desplomado dos veces y sus compañeros han tenido que correr a levantarlo. Los días ya le están pasando factura al cuerpo y ninguna autoridad se ha acercado a averiguar mucho más, asegura. A veces algún oficial se detiene y pregunta cómo se siente, solo cuando los compañeros de celda les avisan de que Pedro se pone peor. Ayer, al ver su semblante blanquecino, de labios pálidos y resecos, lo condujeron a la enfermería de Alligator Alcatraz y le checaron la presión arterial. Luego volvió a la celda en la que alguna vez se imaginó que iba a estar.
El día después de su detención, cuando le confirmó a su esposa dónde se encontraba, le dijo: “Estoy donde te dije que me iban a traer”. Era lo que temía, y lo que temen muchos en Florida: terminar en el lugar que se ha convertido en el rostro más fiero y simbólico de la cruzada antiinmigrante de Trump. Un lugar levantado en solo ocho días en una antigua pista de aterrizaje localizada al oeste de Miami, construido a base de carpas, tráileres y cercas de alambre, pasando por encima de cualquier demanda medioambiental y en las narices de la tribu Miccosukee, que denuncia su presencia en tierras “sagradas”.
En palabras del fiscal general de Florida, James Uthmeier, Alligator Alcatraz es el lugar del que “si alguien se escapa, no hay mucho esperándolo, aparte de caimanes y pitones”. La instalación millonaria a cargo del Estado de Florida, que tiene capacidad para albergar unas 5.000 camas, —por un costo de 245 dólares al día por cada una— fue concebida para ser un “centro de procesamiento rápido”. Es decir, facilitar la deportación casi instantánea de los migrantes que llegan y que, hasta el momento, no superan los 1.000. Al menos 100 personas ya han sido deportadas desde el lugar.
