Redaccion El Tequeno La noche del 31 de enero al 1 de febrero de 2024, sin estruendos y a puerta cerrada, tuvo lugar un ensayo general de las distorsiones del poder judicial que el régimen de Nicolás Maduro fomentaría para contener las protestas y rebeliones que, según anticipaba, iba a enfrentar ese año electoral.
El abogado Joel García había llegado más temprano esa jornada a la sede de los tribunales penales, en el centro de Caracas, en compañía de los padres de Natalia y Guillermo Améstica, sus clientes, para asumir oficialmente la defensa de estos últimos.
Los hermanos Améstica enfrentaban imputaciones por la presunta comisión de las violentas muertes de, en primer lugar, el bajista y productor musical, Carlos Daniel Molnar González, pareja de Natalia Améstica y apodado Stoperro; y minutos después, de Tirone José González Orama o Canserbero, un cantautor cuya popularidad creciente había trascendido más allá del círculo underground del rap en Venezuela hasta estar a punto de convertirse en una figura del género en América Latina -la edición en español de la revista Rolling Stone lo proclamó de manera póstuma en 2024 como el número uno entre los 50 raperos de habla hispana más influyentes de la historia-. Ambos decesos tuvieron lugar en un mismo evento durante la madrugada del 20 de enero de 2015 en Maracay, capital del estado Aragua, región centro-norte de Venezuela.
El caso había tenido una aparente resolución con una primera investigación por la que policía judicial (Cicpc, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adjunto al Ministerio Público) concluyó que se trataba de un homicidio-suicidio. Pero en noviembre de 2023, el para entonces Fiscal General, Tarek William Saab, nombrado por la írrita Constituyente de 2018, decidió reabrir el caso, bajo la presunción de que en realidad se correspondía a un asesinato doble.
Joel García, un reputado jurista que regularmente atiende causas de derechos humanos, no consiguió juramentarse como representante de los Améstica, por lo general un trámite rutinario y hasta trivial. El Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se valió de un pretexto burocrático para impedir la jura: los acusados, que debían estar presentes para refrendar la designación, no se encontraban allí. Pero la excusa era endeble, si no engañosa: el propio tribunal era quien no había autorizado el traslado de los defendidos desde su sitio de reclusión en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicada en Quinta Crespo, Caracas. En otras palabras: el tribunal era el causante de la omisión que al mismo tiempo invocaba para impedir el acto de juramentación.
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