Como Jackson Enrique Arraiga Parra, de 23 años fue identificado el otro joven asesinado el viernes en Tibú, un municipio de la convulsa región fronteriza del Catatumbo, era oriundo de Los Teques.
El joven, asesinado junto a un adolescente tras ser acusados de robar, deja una hija, sus familiares manifiestan no tener recursos para repatriarlo a la capital mirandina.
El doble asesinato, ocurrio el viernee en una zona donde operan diversos grupos armados, ha estremecido a la sociedad y desnudado, por enésima ocasión, la debilidad del Estado colombiano. La ONU ha pedido que se esclarezca lo sucedido.
De acuerdo con la información de medios locales y varios vídeos que han circulado en las redes sociales, los dos jóvenes fueron detenidos el pasado viernes por civiles, al parecer comerciantes, y acusados de estar robando en una tienda de ropa y abarrotes. En las imágenes se les observa amarrados con una suerte de cinta adhesiva.
“Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo nuestras responsabilidades están, entonces los vamos a entregar a las autoridades”, se alcanza a escuchar en una de las grabaciones.
Pero nunca quedaron bajo custodia de la fuerza pública, que desatendió las llamadas de los comerciantes. En su lugar, hombres armados se los llevaron en motocicletas, de acuerdo con los testimonios. Unas horas más tarde aparecieron sus cuerpos baleados con las manos atadas, el del más pequeño con un disparo en la cabeza y sobre un charco de sangre, tirados en un camino. El niño aún llevaba su mochila roja y un cartel colgado al cuello con la palabra “ladrones”.
La policía, que ofreció una recompensa de 100 millones de pesos (cerca de 23.000 euros) por información sobre los responsables, se apresuró a señalar a las disidencias de las FARC (o Gaor, por Grupos Armados Organizados Residuales, como los llama la jerga militar). El coronel Carlos Martínez, comandante de la policía en Norte de Santander, anunció una investigación interna sobre la respuesta de los uniformados, mientras la Fiscalía también designó un grupo especializado de investigadores. Muchas otras voces han destacado que el episodio tiene las características del accionar paramilitar que ha sufrido el país en medio del conflicto armado de más de medio siglo que intenta cerrar.
