Familiares de privados de libertad en el Centro Nacional de Procesados militares (Cenapromil) denuncian que desde el primero de abril deben hacerse una prueba diagnóstico COVID-19 para poder ir a la visita dentro del centro de reclusión, ubicado en Los Teques.
William Anseume, dirigente político del Municipio Guaicaipuro, calificó como «una vergüenza verde el negocio carcelario en Venezuela», en referencia a lo que ocurre en Ramo Verde.
Dijo que los familiares de los detenidos están obligados a hacerse una prueba PCR en el laboratorio de la comisión médica instalado en el penal, cuyo costo es de 10 dólares.
Agregó que, de lo contrario, debe presentar una PCR de un laboratorio que tenga código QR o sea emanada de un CDI.
La información también la denunció la periodista Sebastiana Barráez, en su cuenta Twitter, quien agregó que es «insólito que esa PCR solo se la valen por un día; los que regresen mañana deben pagar otros 10 dólares».
«El GD Octavio Maximiliano Gómez Hernández, director general del Servicio Penitenciario Militar, ordenó instalar una comisión médica con laboratorio para hacer las pruebas PCR en la cárcel de Ramo Verde y obligatoriamente hay que pagar la exageración de 10 dólares», tuiteó la periodista.
Redacción El Tequeño
