El anuncio de que María Fátima Garcés, licenciada en Bioanálisis y vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), forma parte de la junta interventora de la Cruz Roja ha levantado críticas de la comunidad ucevista y organizaciones no gubernamentales.
Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, denunció el 9 de agosto que la profesora viola la Ley de Universidades, la cual establece que las funciones de las autoridades son a tiempo completo y por ello esos docentes no deben aceptar actividades profesionales o cargos que entorpezcan el desempeño de las labores universitarias:
“Los cargos de Rector, Vicerrector, Secretario, Decano y Directores de Escuela e Institutos Universitarios, son de Tiempo Completo. Dichas funciones y las de Profesor de Tiempo Completo son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que por su índole o por su coincidencia de horario menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias. Corresponde al Consejo Universitario la calificación pertinente“.
Garcés ganó el vicerrectorado académico de la UCV en la segunda vuelta de las elecciones, llevada a cabo el 30 de junio. Veinte días más tarde se juramentó en el Aula Magna de la casa de estudios, en el campus de Caracas.
“Lo que dice la norma es que el Consejo Universitario debe evaluar esto y obviamente la lógica te dice que eso debe ser previo a la asunción del cargo, no posterior, porque el Consejo puede decir no. Lo más grave es que la junta directiva está formando parte de una maniobra del Estado venezolano para controlar a una organización privada en abierta amenaza a la libertad de asociación”, dijo Daniels a Efecto Cocuyo este 10 de agosto.
Sin pronunciamiento de Rago
Hasta el momento, el profesor Víctor Rago, rector de la UCV, no se ha pronunciado sobre el caso de la junta interventora de la Cruz Roja, a pesar de que la comunidad universitaria lo ha solicitado a través de las redes sociales.
“Se entiende que, después de tantos años sin elecciones, debe haber muchísimo trabajo. Entonces, que empezando ya estén aceptando otras responsabilidades, comprometen la labor que asumieron de dedicarse a rescatar a la Universidad Central. Si ese compromiso era falso no tenían por qué haberse postulado”, indicó Daniels.
Agregó que las postulaciones de los candidatos al rectorado se hicieron bajo la falsa creencia de que los candidatos eran independientes del gobierno de Nicolás Maduro.
“Aceptan una agenda oficialista de intervención al espacio cívico. Y la pregunta es: quienes no defienden la autonomía de la organizaciones de sociedad civil, ¿van a defender la autonomía universitaria?”, señaló Daniels.
Críticas al rectorado
El director de Acceso a la Justicia apuntó que Rago debe pronunciarse a la brevedad para informar si se organizó algún Consejo Universitario que permitiera a Garcés ocupar un cargo diferente al de vicerrectora.
“Segundo, debería haber una investigación y, si es el caso, una determinación de responsabilidades disciplinaria”, dijo.
Más de 240 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y particulares rechazaron el 9 de agosto la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“No estamos hablando aquí de sutilezas legales o temas formales. Esto no es una formalidad. Estamos hablando de la independencia e imparcialidad de la Universidad de Venezuela en hechos tan delicados como derechos humanos y la libertad de asociación”, puntualizó Daniels.
