El exdiputado y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, fue imputado este lunes 11 de septiembre por supuesta incitación al odio en el estado Táchira.
Al director de la Fundación El Amparo lo citaron vía telefónica por una denuncia del alcalde de San Cristóbal, su director general y el síndico procurador de ese municipio, Silfredo Zambrano, Juan Rodolfo Martínez y Mario Izarra, respectivamente.
A medios regionales declaró a la salida del Ministerio Público que lo hecho en su contra se trata de “terrorismo judicial”.
“Pretenden intimidarme y no lo van a lograr, vamos a seguir denunciando las graves irregularidades cometidas en la Alcaldía de San Cristóbal, las vamos a llevar a instancias internacionales, y con el equipo de abogados vamos a preparar los argumentos de la defensa”, recoge la periodista Mariana Duque para diario Los Andes.
A Márquez lo acusaron por sus denuncias de que la Alcaldía de San Cristóbal violaba los derechos humanos de los comerciantes de la capital tachirense. El exdiputado se hizo eco de una investigación por parte de un tribunal por la demolición de un restaurante y dos locales comerciales en el terminal de pasajeros de la ciudad.
“El Ministerio Público está siendo diligente en nuestra contra y negligente con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos”, afirmó el activista al medio andino.
Quién es Walter Márquez
Comenzó como dirigente político. Márquez fue diputado a la Asamblea Nacional. En el gobierno de Hugo Chávez, entre 1999 y 2004, fue embajador de su gobierno ante la India.
En los últimos años ha señalado al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. Está al frente de la fundación El Amparo y es director del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven).
En la tercera legislatura de la actual Parlamento unicameral fue suplente del diputado Leogmano Flores (AD), entre los años 2010 y 2015.
Walter Márquez militó en el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y fue uno de los que denunció en su momento la masacre de El Amparo, en el estado Apure.
En 2019 fue a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde señaló a la entonces fiscal Fatou Bensouda de no acelerar el caso contra el gobierno de Nicolás Maduro.
