Redaccion El Tequeno Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela experimenta una transformación represiva sin precedentes. Una que marca un punto de inflexión en los métodos de control utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro, que ha optado por profundizar los ataques contra la disidencia, aplicando acciones como la desaparición forzada de personas, según advierten organizaciones internacionales y analistas consultados por El Nacional.
Entre el 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025, Amnistía Internacional documentó los casos de al menos 15 personas desaparecidas forzosamente. Es decir, personas detenidas por funcionarios de los servicios de seguridad del Estado y de quienes se desconoce información sobre su paradero y estado de salud. No son casos aislados, de acuerdo con la ONG, que asegura que forma “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela”.
Aunque las estrategias no son nuevas, y que la Corte Penal Internacional (CPI) investiga prácticas similares por la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, la escala sí que ha cambiado exponencialmente desde la pasada elección presidencial que tuvo como ganador a Edmundo González Urrutia, según las actas de votación emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y publicadas por la oposición.
Los registros de la organización Foro Penal, por ejemplo, revelan que al menos 2.200 personas fueron detenidas ilegalmente tras el 28 de julio y que, muy posiblemente, cientos de ellas sufrieron desapariciones forzadas luego de que sus custodios (funcionarios de la GNB, Sebin y Dgcim, en la mayoría de los casos) ocultaran sus paraderos. Entre esas personas se encuentran casos tan diversos como el de quienes fueron apresados por enviar un mensaje de WhatsApp manifestando descontento sobre los resultados anunciados por el CNE, por grabar videos, por participar en protestas o cerca de éstas, o por ser dirigentes opositores.
La represión, en ese sentido, tiene un valor fundamental para el gobierno de Maduro: le ha servido para infundir terror en la población con el fin de paralizarla y mantenerla alejada de las actividades políticas. Esto, sin embargo, con el costo autoinfligido de tener que aumentar la gravedad de los mecanismos represivos y, por ende, exponiéndose a nuevas potenciales sanciones e investigaciones por la violación masiva de derechos humanos en el país.
“Debido a la cruenta arremetida represora y a la aplicación de terrorismo de Estado, estamos viendo que ese rechazo no se traduce en un movimiento ciudadano por la liberación ni nada parecido. Y eso es totalmente comprensible. El venezolano, entendiendo que de momento un cambio político no se avizora, pareciera haberse retirado a su fuero más privado, a su situación individual más inmediata, y sus principales preocupaciones han vuelto a ser económicas”, dijo Alejandra Martínez Cánchica, historiadora especializada en estudios latinoamericanos.
Esta situación, según la analista, ha dificultado la capacidad de acción de la dirigencia opositora, cuyos líderes se encuentran presos, en la clandestinidad o en el exilio, lo que les impide incidir a nivel público, movilizar a la ciudadanía y desarrollar estrategias.
A su juicio, se desprenden tres lecciones importantes. La primera, que la organización ciudadana desplegada el 28 de julio para defender el voto demuestra la existencia de una “fuerza colectiva que puede volver a activarse en otro momento”. Una segunda, que muestra al gobierno de Maduro como “una tiranía en estado puro” que debe combatirse con mecanismos novedosos de resistencia democrática. Y una tercera, referente a un momento geopolítico en el que la democracia liberal ha dejado de ser un factor de entendimiento entre naciones, “que ahora se decantan por relaciones internacionales más pragmáticas con un énfasis en la soberanía del Estado”.
La represión chavista contra el triunfo opositor
Cuando el gobierno de Maduro convocó las elecciones presidenciales del 28 de julio lo hizo, en primera instancia, con la intención de tratar de aprovechar que sus dirigentes percibían una reducida capacidad de organización y movilización de la oposición. A partir de allí, las autoridades chavistas pensaron que podrían garantizar con cierta facilidad una victoria electoral de Maduro, o al menos controlar los márgenes de una derrota estrecha, buscando conseguir cierta legitimidad y que Estados Unidos desmontara las sanciones económicas, según Mariano de Alba, abogado y consultor en materia de derecho internacional.
“En los años anteriores a la elección (del 28 de julio de 2024), el chavismo venía con la intención de tratar de reinsertarse en el sistema internacional, de recuperar cierta legitimidad, aunque no a cualquier precio. Ese probablemente era su plan A: ganar la elección o decir que la ganó por poco y con eso tratar de que a nivel internacional eventualmente se levantaran las sanciones”, aseguró en conversación telefónica.
Pero esa proyección de los dirigentes chavistas se torció cuando, sorpresivamente para ellos, los venezolanos recobraron la iniciativa política durante las elecciones primarias de la oposición en octubre de 2023 y, a partir de allí, hasta los comicios del 28 de julio.
“Entonces, el chavismo cayó en su segundo escenario y activó su plan B. Pero uno que ya conocía bien: se valió de su control institucional y avivó nuevamente la tesis del enemigo externo, justificando en supuestos planes conspirativos la necesidad de ejercer una represión brutal”, comentó el abogado.
Con la tesis del “enemigo externo” se valieron para “cohesionar” a sus bases y el apoyo de los estamentos de las Fuerzas Armadas, pero también prepararse para un nuevo episodio de resistencia ante el continuado aislamiento internacional. Por esa razón, considera de Alba, el gobierno de Maduro ha ido profundizado sus alianzas con una serie diversa de países “que sabían que no tendrían problemas con un eventual fraude electoral”.
Más aislamiento, pero con cierta limitación
Aunque inesperada, una de las mayores consecuencias para el gobierno de Maduro por la represión y el ocultamiento de los resultados electorales fue que algunos de los países percibidos por el chavismo como sus aliados, en este caso el gobierno de Lula da Silva en Brasil, bloqueó el ingreso de Venezuela en los Brics, una agrupación creada como alternativa al liderazgo económico occidental liderado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
La razón esgrimida por la administración brasileña radicó en que el mandatario venezolano “abusó de la confianza” del presidente da Silva, luego de incumplir la promesa de publicar las actas oficiales que validaran los resultados presentados por el CNE. Era un compromiso que había contraído la dirigencia chavista con Celso Amorim, el asesor presidencial de Brasil para asuntos internacionales.
“Eso ha permitido (la demostración del fraude electoral) que a la comunidad internacional le esté resultando tremendamente difícil hacerse de la vista gorda y pasar la página con Venezuela. Algo han tenido que hacer. Incluso sus otrora aliados de la izquierda latinoamericana se pronunciaron en su momento en rechazo al fraude electoral, pues no les quedó más remedio”, precisó Martínez Cánchica.
Ante ello, de Alba agrega que, si bien el gobierno de Maduro ha enfrentado consecuencias internacionales importantes, como la ampliación de las sanciones personales contra funcionarios y la suspensión de la licencia operativa de Chevron, estas resultaron ser calculadas y asumidas por la cúpula chavista.
“Lo que hemos visto en estos últimos seis meses (desde la juramentación presidencial el pasado 10 de enero), es el papel preponderante de Estados Unidos y de los demás países tratando de salvaguardar sus intereses en Venezuela”, sostiene de Alba. Un ejemplo de ello, dijo, son las negociaciones directas entre representantes del gobierno de Donald Trump y miembros del chavismo para llegar a acuerdos en materia de migración y excarcelación de personas detenidas arbitrariamente, sobre todo de los ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela.
Ni de Alba ni Martínez Cánchica piensan que sea algo positivo que la estrategia de la dirigencia opositora sea dependiente de la administración estadounidense, que suele tener intereses distintos a la plena restitución de la democracia en Venezuela.
La oposición, a un año del 28 de julio
Una de las mayores dificultades a la que se enfrenta la dirigencia opositora, además de la represión gubernamental, radica en cómo gestionar el desgaste y la frustración entre sus filas. Mientras que, por un lado, sus actividades han resultado disminuidas por la persecución, la falta de avances continuados a partir del 28 de julio ha producido un choque de desesperanza.
Para Martínez Cánchica, un primer paso que debe dar la oposición es “reconocer la situación de debilidad” en la que se encuentran. Eso implica aceptar que, a pesar de que se han intentado todas las vías políticas para generar la transición hacia la democracia, éstas han sido truncadas por la máquina de represión del Estado venezolano, a servicio de la cúpula chavista.
“Es tremendamente difícil hacer política en la clandestinidad y es aún más complicado (por no decir imposible), que esto recaiga en una sola persona, en este caso María Corina Machado. No hay un solo caso en la historia donde una transición la haya logrado una sola persona, porque se requiere conciliar y coordinar demasiados intereses muchas veces excluyentes. Para ello también es necesario configurar un movimiento y eso no lo estamos viendo en Venezuela, donde la gente se organizó el año pasado para algo muy puntual”, explicó la historiadora.
De esa manera, de Alba sostiene que la estrategia de la dirigencia opositora debería centrarse mucho más en la propia coordinación interna del deseo de cambio político y en tender puentes con todos los sectores de la sociedad venezolana, incluyendo algunos minoritarios que todavía tienen capacidad de influir dentro de las filas chavistas. Todo esto en medio de un contexto en el que el gobierno de Maduro ha logrado adaptarse a un entorno de fuertes sanciones internacionales y saben que no hay gran ánimo entre los distintos gobiernos a escalarlas mucho más.
Sin embargo, aunque necesarias, construir esas alianzas no es tarea fácil, coinciden los analistas. Deben superar obstáculos como la falta de confianza, la participación en actividades criminales de un grupo de los involucrados y la construcción de garantías políticas.
“Las alianzas que se necesitan para llevar a cabo una transición están selladas alrededor del régimen autoritario”, concluyó Martínez Cánchica.
