Redaccion El Tequeno La tentación de militarizar la seguridad pública para sofocar el crimen organizado se extiende como una constante por América Latina, aun cuando sus resultados a largo plazo generen profundos cuestionamientos. Ante el alarmante avance de la extorsión, el narcotráfico y el sicariato, distintos gobiernos de la región han recurrido a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles, asumir la gestión de las cárceles o sostener estados de excepción prolongados.
Las experiencias en países como Ecuador, México y El Salvador demuestran, sin embargo, que el despliegue castrense suele derivar en un aumento indeseado de la violencia, la acumulación de poder político por parte de los militares y reiteradas denuncias por violaciones de los derechos humanos. Frente a esta tendencia, casos como los de Chile y Argentina reflejan una mayor resistencia institucional a involucrar a las tropas en tareas policiales, mientras que Costa Rica persiste en demostrar que la contención del crimen no requiere ejércitos, sino inteligencia financiera y fortalecimiento de las instituciones civiles.
Lucha contra la delincuencia y gestión de las cárceles en Perú
Darles a los militares el protagonismo para ocuparse del control interno es una vieja fórmula que se reactiva cada vez que llega una nueva administración a la Presidencia. El plan ha despertado la preocupación de sectores de la sociedad. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostiene que si bien la presencia militar puede aumentar la percepción de seguridad, no necesariamente reduce de forma sostenida delitos como la extorsión o el sicariato. “Los militares no están entrenados para funciones policiales, su misión principal es enfrentar amenazas externas o conflictos armados”, señala.
Pariona sostiene, además, que ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana puede elevar el riesgo de un uso desproporcionado de la fuerza y de nuevas vulneraciones de los derechos humanos. “Perú tiene antecedentes históricos de abusos durante el conflicto interno, por lo que existe especial sensibilidad sobre ampliar el rol militar en asuntos internos. Al crimen organizado se le combate con inteligencia, investigación financiera, fiscales especializados, control de cárceles y fortalecimiento policial”, explica.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que durante la guerra interna que sacudió Perú entre los años ochenta y los primeros 2000, los militares realizaron una “represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa” de terrorismo. Se calcula que 69.280 personas murieron durante el conflicto, de los cuales el 30% se atribuye a agentes del Estado.
La memoria de esos episodios se entrelaza con acontecimientos más recientes. Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, el Gobierno de Dina Boluarte volvió a desplegar a las Fuerzas Armadas para controlar las protestas que siguieron a la destitución de Pedro Castillo. Murió medio centenar de manifestantes por municiones letales.
El protagonismo que Fujimori tiene reservado a los militares no se limitaría a las calles. El Ejecutivo ha anunciado que solicitará al Congreso facultades legislativas para impulsar un paquete de reformas, entre ellas una que permita que las Fuerzas Armadas asuman la dirección y la gestión de las cárceles.
Ecuador, denuncias de abusos
El 9 de enero de 2024, Daniel Noboa, cuando llevaba menos de dos meses en la presidencia, declaró por primera vez en la historia de Ecuador un conflicto armado interno no internacional. La decisión permitió el despliegue inmediato de militares en las calles y trasladó a las fuerzas armadas las funciones de seguridad ciudadana y control penitenciario. El país atravesaba entonces una de las peores crisis de violencia de su historia reciente. La escalada había comenzado con la toma simultánea de siete cárceles por parte de bandas criminales y la detonación de coches bomba en varias ciudades, y alcanzó un punto de máxima conmoción con el asalto armado al canal TC Televisión, donde un grupo criminal irrumpió en pleno noticiero transmitido en directo y secuestró temporalmente al equipo periodístico.
La militarización produjo una contención parcial del aumento de los homicidios en los primeros meses de la medida, pero estuvo acompañada desde sus primeras semanas por denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos. En los inicios de las operaciones circularon videos difundidos por los propios soldados en redes sociales en los que se veía a detenidos sometidos a castigos y humillaciones. Con el paso de los días, las denuncias se agravaron hasta incluir casos de muerte bajo custodia militar, como el del joven Carlos Javier Vega.
Ese mismo año, la Fiscalía abrió investigaciones por la posible desaparición forzada de 43 personas presuntamente a manos de militares. Según un informe de Amnistía Internacional, las investigaciones avanzaron con lentitud y estuvieron marcadas por la falta de colaboración de las fuerzas armadas.
Los militares acaparan más poder en México
El 11 de diciembre de 2006, tras ganar por la mínima las elecciones contra Andrés Manuel López Obrador, un Felipe Calderón vestido de verde oliva desplegó 6.500 soldados en su Operación Conjunto Michoacán y declaró la guerra contra el narco. Desde entonces, los militares en México no han vuelto a los cuarteles, patrullan los 32 Estados de la república y acaparan, cada sexenio y sin importar las ideologías políticas, más poder.
Ocurrió con los conservadores del Partido Acción Nacional de Calderón y con el nuevo Partido Revolucionario Institucional de Enrique Peña Nieto, pero en el periodo que los militares lograron más poder fue cuando llegó la izquierda de López Obrador y su partido Morena, que transfirió a las fuerzas armadas recursos y atribuciones que tradicionalmente estaban en manos de civiles, mucho más que ningún gobernante mexicano antes. La ironía es que una parte sustancial de su campaña fue sacar a los militares de las calles, escudado en las frecuentes denuncias de violaciones de los derechos humanos de delincuentes y ciudadanos.
Además de oficializar su papel como policías al crear la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública compuesta por militares y bajo mando de militares, durante el sexenio de López Obrador se le entregó el control de las aduanas, los convirtieron en constructores de obra pública y comenzaron a operar aeropuertos, hoteles y hasta empresas turísticas, entre otros nuevos negocios. Pese a las acusaciones de corrupción y malos manejos en estas tareas, ninguna de ellas ha sido revocada durante el sexenio de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.
Costa Rica: con el crimen al cuello y sin ejército
Una decisión política en mitad del siglo XX hizo de Costa Rica un caso raro al abolir el Ejército. Con los años esta particularidad se convirtió en una bandera de pacifismo y progresismo, un orgullo nacional de no gastar en armas el dinero que pudo dedicarse a educación o sanidad. Pudo también preciarse de ser un país seguro, una “Suiza centroamericana”, pero con el cambio de siglo recibió finalmente la ola masiva de crimen organizado empujada por las fortunas de la industria poderosa del narcotráfico y no parece tener recursos suficientes para enfrentarla.
Sin fuerzas armadas, sin dinero para crearlas y quizás sin apoyo popular ni político para romper la asentada tradición de “país desarmado”, son las policías civiles o judiciales las que trabajan en la contención del crimen organizado y sus bandas violentas, con apoyos puntuales de la cooperación internacional. Los recursos nacionales para seguridad son limitados; pese a algunos incrementos en años recientes, rondan el 2% del PIB, mientras la inversión social sufre recortes y el narcotráfico se aprovecha de las necesidades de miles de hogares. Es un terreno complejo que exige trabajo integral e institucionalidad, un escenario que jamás se solucionaría con un ejército, señala el exfiscal general Francisco Dall’Anese, abogado penalista que también dirigió en Guatemala la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
“En otros países los ejércitos no han solucionado nada. La diferencia entre una operación con policía profesional en un marco de derecho y una militar es la misma que entre una cirugía láser y una carnicería. Es claro que meter militares a luchar contra grupos narcotraficantes genera una espiral de violencia. La solución es recuperar espacios ciudadanos, despedazar las redes criminales y llevar a juicio, no entrar en una supuesta solución efectista que se paga con galones de sangre”, comentó el jurista.
Con él coinciden el actual fiscal, Carlo Díaz, y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, a pesar de que ambos son protagonistas de una fuerte hostilidad entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por la manera de enfrentar la ola de criminalidad, con cruce de acusaciones por supuestas intenciones políticas de uno y otro lado. Campos descartó que haya necesidad de un ejército: “No, aquí el problema es la falta de condenas en los tribunales. Díaz dijo a El PAÍS que en ciertos momentos se preguntó si era pertinente, pero después se convenció de que no. “A veces uno piensa que necesita fuerzas para llevar a las calles y tener el control territorial, pero otros lugares han demostrado que pueden combatir la criminalidad de manera más eficaz”, dijo, mencionando Medellín, Italia o Escocia.
El Salvador: estado de excepción permanente
El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción implantado por el presidente Nayib Bukele como respuesta a una serie de matanzas que confirmaron la virulencia de las pandillas en el país centroamericano. El Gobierno justifica esta medida afirmando que le ha permitido desarmar a las sangrientas maras, pero su política de seguridad, con la emergencia renovada constantemente, ha desatado críticas de organizaciones de derechos humanos. El régimen de excepción está contemplado en la Constitución salvadoreña para ser implementado en caso de guerra, calamidades o perturbaciones al orden público, pero un informe elaborado por un grupo internacional de expertos, cuyos hallazgos fueron presentados en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, revela que el Gobierno de Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas.
El régimen de excepción implica la suspensión temporal de garantías constitucionales clave —como el derecho a la defensa legal, la limitación de la detención administrativa a 72 horas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la libertad de asociación—, facultando al Gobierno para realizar detenciones masivas sin necesidad de una orden judicial previa ni de sorprender al sospechoso en flagrancia. En este esquema, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha asumido un rol protagónico y permanente en la seguridad pública, desdibujando los límites constitucionales trazados tras los Acuerdos de Paz de 1992. Los militares no solo realizan patrullajes conjuntos y cercos de seguridad en municipios y comunidades, sino que ejecutan directamente interceptaciones, registros e intervenciones territoriales junto a la Policía Nacional Civil, consolidados como el brazo operativo principal de la política de seguridad del Estado. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades de El Salvador reportan más de 85.000 personas detenidas. Organizaciones civiles y organismos internacionales (como Amnistía Internacional) han contabilizado miles de denuncias por detenciones arbitrarias sin debido proceso, así como cientos de muertes ocurridas bajo custodia estatal.
