Amnistía Internacional publicó un informe este jueves sobre la relación que existe entre los mensajes estigmatizadores de los medios bajo control de la dictadura chavista y las detenciones arbitrarias por motivos políticos.
La investigación hecha en conjunto con Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) determinó que efectivamente hay una política sistemática de represión que constituye un crimen de lesa humanidad «que debe ser investigados por las organismos internacionales».
Desde enero de 2019 hasta junio de 2021, se aplicaron distintos modelos estadísticos como la correlación de Pearson, y otros de analítica descriptiva como análisis evolutivos y distribución de frecuencias porcentuales. Los modelos estadísticos fueron validados por un proceso de revisión de pares (peer review).
El informe Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, reveló que en 2019 la correlación general entre ambas variables era de 29%, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77%.
Las correlaciones anuales entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones. Hay una correlación más estrecha (de 74%) en 2019 con las detenciones que se producen por los órganos de inteligencia (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN); en 2020 por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que sube hasta el 92%; y en 2021 por órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que también sube al 92% de correlación con las estigmatizaciones.
Asimismo el estudio observó que la alta correlación (94 %) entre las las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo “Con El Mazo Dando”, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos entre enero de 2019 y junio de 2021.
“De acuerdo a los resultados obtenidos, no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, es decir funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, lo cual no debe quedar impune”, aseguró Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
Las tres organizaciones encargadas de recopilar la información llamaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que tome en cuenta estos datos en sus investigaciones para determinar responsabilidades.
