El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, bajo el control del gobierno de Maduro, ha dado inicio este jueves al período de inscripción de aspirantes a las elecciones presidenciales del 28 de julio. El plazo para oficializar candidaturas se extenderá hasta el próximo 25 de marzo, marcando el cierre para registrarse según el cronograma electoral.
Aunque aún se desconoce el número exacto de candidatos que se postularán, se sabe que varios aspirantes han confirmado su intención, entre ellos Nicolás Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Leocenis García de Prociudadanos, Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática (AD), José Brito de Primero Venezuela, y Javier Bertucci de El Cambio.
La inhabilitación de María Corina Machado, elegida como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la primaria de octubre, ha generado incertidumbre sobre quién será el candidato opositor en su lugar. Ante estas sanciones que impiden la participación de varios opositores, partidos, organizaciones sociales y la Conferencia Episcopal Venezolana han instado a garantizar la igualdad de participación en el proceso electoral.
¿Terrorismo electoral desde el CNE?
En medio de estas controversias, Machado denunció una “brutal represión” por parte de las autoridades tras la detención de colaboradores de su equipo por supuestas acciones desestabilizadoras. Desmintiendo acusaciones del fiscal general, Tarek William Saab, Machado afirmó que su partido no está involucrado en planes violentos, sino que busca avanzar en una ruta electoral para derrotar a Maduro.
A todo el proceso de acoso, persecución y detención de equipos de campaña electoral, sumado a la judicialización, proscripción y anulación de tarjetas electorales, ha sido denominado por el politólogo Nicmer Evans como “terrorismo electoral”.
Afirma Evans que el “terrorismo electoral” tiene como objetivo estimular la abstención o negar la participación de sectores democráticos en la carrera electoral, intentando desde el poder diseñas un sistema electoral para ratificar la autocracia y no para que las mayorías expresen su deseo de cambio.
El proceso de inscripción de candidatos se extiende hasta el 25 de marzo, con posteriores etapas de impugnaciones y decisiones sobre las candidaturas admitidas. La situación política en Venezuela se torna cada vez más tensa a medida que se acercan las elecciones, con acusaciones de represión y manipulación del proceso electoral.
