“En años recientes, no hemos visto en la región una destrucción tan acelerada y brutal del espacio cívico como la que existe en Nicaragua”, asegura Juan Pappier, abogado e investigador de la División para las Américas de Human Rights Watch (HRW). Si bien Cuba prohíbe desde hace décadas el trabajo de oenegés independientes, y en Venezuela, acosan y encarcelan a los defensores, la “debacle autoritaria en Nicaragua no parece tener parangón en los últimos años”, subraya el experto.
La crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde la rebelión cívica de 2018 ha venido empeorando, al extremo que en el país no existen oenegés defensoras de derechos humanos, y con la reciente “nacionalización” y confiscación de la Cruz Roja Nicaragüense (CRN), tampoco quedan instituciones humanitarias imparciales al régimen de Daniel Ortega.
“Desde el Colectivo no conocemos una institución que actualmente pueda realizar esta labor (humanitaria) y si la hay está totalmente limitada y a la espera de ser cancelada”, indica el abogado Yader Valdivia, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Al menos 182 organizaciones de derechos humanos y 20 de carácter humanitario, incluida la CRN, han sido cerradas por el Ministerio de Gobernación (Migob), como parte de las 3337 asociaciones, organismos, y fundaciones anuladas desde finales de 2018 a la fecha, según una base de datos elaborada por CONFIDENCIAL conforme a las resoluciones del Migob.
El año 2022 fue considerado como el de “mayor sufrimiento”, después de 2018, por parte de defensores de defensores de derechos humanos, debido al terror impuesto por la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dijeron a CONFIDENCIAL al cierre del ciclo pasado. En esa ocasión, la reconocida defensora nicaragüense, Vilma Núñez, destacó que en Nicaragua no se podía hablar de violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino de “una política de exterminio”, expresó.
En diciembre de 2018 Ortega cerró y confiscó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización insigne en la materia y fundada por Núñez (convertida desde febrero en apátrida). Luego, el régimen recetó acoso policial, cárcel y exilio a decenas de defensores, mientras cerraba el resto de oenegés y se apropiaba de sus bienes. Todos huyeron del país ante la amenaza de la prisión. En el exilio refundaron nuevas organizaciones, desde donde siguen denunciando la crisis de Nicaragua.
A partir de la rebelión cívica, la dictadura de Ortega se ha encargado de cerrar cualquier espacio destinado a la defensa de los derechos humanos, negando el ingreso a grupos de trabajo de organismos internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso más reciente fue el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que determinaron la responsabilidad de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. La dictadura no les permitió ingresar al país y desconoció la investigación.
La justificación repetida de Ortega es acusar a los organismos de haberse parcializado y apoyar el fallido golpe de Estado, a como llama a las protestas cívicas de 2018. Parte de ese argumento también fue utilizado contra la Cruz Roja, acusándola de violar sus principios universales por atender a los heridos en el contexto de dichas manifestaciones. Es “una acción sin precedentes, porque atenta contra el derecho humanitario internacional”, apunta Valdivia.
Con el cierre de la CRN y la creación de una “nueva” Cruz Roja supeditada al Ministerio de Salud (Minsa), el régimen agudizó el “estado de aislamiento” de Nicaragua. Es una acción más que se suma a la salida del país de la Organización de Estados Americanos (OEA), de su negativa de presentarse ante foros de DD.HH de Naciones Unidas, mantener el desacato de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH); en fin, evitar que cualquier instancia le pida cuentas sobre su actuar.
El cerco a organizaciones humanitarias que operaban en Nicaragua no es reciente. Desde antes de 2018 el régimen ya había dado pasos hacia la centralización de la ayuda humanitaria, a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), advirtió el defensor.
