La coordinadora del partido Primero Justicia (PJ) en el estado Táchira, Karim Vera, exigió este lunes una “investigación transparente” sobre los desaparecidos víctimas del conflicto armado colombiano en la zona de frontera.
“Tenemos años denunciando las asociaciones criminales que no solo se mantienen en las llamadas trochas (pasos irregulares), sino que ha trascendido a gran parte del estado Táchira, entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos que hacen vida en la frontera”, señaló la exdiputada.
Añadió que hasta la fecha no ha habido una “demostración real” de querer acabar con las bandas criminales que se mantienen en la zona.
El Gobierno de Colombia y el régimen de Venezuela acordaron proporcionar “unos prontos y eficaces mecanismos institucionales” para localizar los restos mortales de víctimas del conflicto armado colombiano en la zona de frontera, según informó el Gobierno de Petro.
Detalló en un comunicado que esto ocurre luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso revelara el jueves pasado que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera tras la destrucción del “horno crematorio” en el que desaparecieron a centenares de personas.
Mancuso, que está preso en Estados Unidos por narcotráfico, hizo la revelación durante su intervención virtual en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que el excomandante de las AUC contó que decidieron “destruir el horno” en el que el Frente Fronteras, unidad del Bloque Catatumbo de las AUC, incineraba a sus víctimas.
“Entonces empezó una práctica diferente que fue a todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano. Unas al lado del río (Táchira) para que el río las llevara y las dejara del lado de Venezuela, y otras en las que algunos miembros de las Autodefensas ingresaron a Venezuela para dejarlas en fosas”, dijo Mancuso.
Ante esto, Vera sostuvo que no es suficiente con este proceso de localización de los restos de las víctimas, sino que debe haber una “investigación real” con “voluntad política para combatir el flagelo que se dan en los pasos regulares e irregulares que se mantienen activos una vez que se abriera la frontera”.
