Redaccion El Tequeno Han pasado cosas importantes, desde el 3 de enero, algunas de ellas tienen el potencial de propiciar una transición a la constitucionalidad en la gobernanza del Estado, pero nada es fatal en política. Se requiere lograr avances que conviertan ese potencial en una tendencia irreversible. Las dificultades existentes son comunes a situaciones como la actual en las cuales, como las caracterizó Gramsci: “Lo viejo no termina de morir y lo nuevo de nacer”. Marcadas en nuestro caso por las condiciones creadas por la intervención decisiva de Estados Unidos en la creación de la nueva etapa política, en la cual influyen de manera cuasi decisiva sus intereses y visión sobre el qué, el cómo y el cuándo de la nueva situación emergente.
La excarcelación de presos políticos –aunque todavía no signifique libertad plena, estatus contra el cual se debe continuar exigiendo y presionando–, y la posible aprobación de una Ley de Amnistía, a celebrar como avances, no son suficientes para evitar atropellos, abusos de autoridad y arbitrariedades que violen los derechos fundamentales de la ciudadanía por parte del gobierno interino.
Para evitar lo anterior es indispensable que se inicie el desmantelamiento la estructura represiva que facilita el terrorismo de Estado que se ha venido ejecutando contra los ciudadanos, sobre todo a partir y a propósito del fraude contra la soberanía popular del 28 de julio de 2024.
Esa estructura represiva que no de seguridad del Estado ni de la sociedad porque su objetivo central y fundamental no es salvaguardar la soberanía nacional ni sus intereses, así como tampoco la seguridad ciudadana sino garantizar a toda costa y por todos los medios y sin escrúpulos de ningún tipo la preservación y el continuismo del régimen chavista de dominación.
Desmantelarla no es sencillo porque sus constructores y beneficiarios -aunque tutelados y subordinados cual “títeres del imperialismo” tratarán de preservarla aduciendo ante el tutor que son una garantía contra el caos, cuando en realidad lo que persigue es estimular el miedo y la desmovilización en la sociedad para evitar que se manifieste masivamente a favor de una rápida transición a la democracia y por sus reivindicaciones socioeconómicas.
Aquí y ahora, hay que comenzar a exigir la derogatoria de todo un entramado jurídico sobrevenido e inconstitucional creado para sustentar el terrorismo de Estado y su estructura alineando a todos los poderes nacionales del Estado, la FAN y los cuerpos de seguridad en función de preservar el statu quo.
En la misma dirección y propósito se debe exigir la salida del gobierno del ministro de Relaciones Interiores por ser un obstáculo manifiesto y activo a cualquier avance contra el continuismo y la normalización del país. Llama la atención que todo lo referente al tema de la liberación de los presos políticos lo gestione el presidente de la AN y no el ministro del Interior y Justicia. La única explicación a tal anomalía, a la invasión de sus competencias hay que referirla a su desacuerdo con las excarcelaciones (incluso a las condicionadas y con medidas cautelares). También debe exigirse por similares razones la salida del fiscal general. Hay otras exigencias en ese ámbito, pero, por los momentos, sería un avance importante y marcaría un rumbo positivo la salida de ambos funcionarios.
Otra asunto pertinente y clave es la disolución de los colectivos, bandas paramilitares creadas, promovidas, organizadas, financiadas y armadas desde el Estado para ejercer ilegalmente labores de control social, intimidación, coacción y represión. Configurando una suerte de tercerización de la violencia y la represión contra la disidencia política y social. Expediente que erosiona sensiblemente la vigencia de un principio capital de todo Estado, que se precie de tal, como lo es: el ejercicio del monopolio de la violencia legítima.
La movilización ciudadana es indispensable, como ha ocurrido en todos los procesos de transición desde regímenes dictatoriales o totalitarios, incluso en aquellos donde los actores políticos del viejo régimen están de acuerdo con su liquidación, para vencer obstáculos, superar dificultades y hacer irreversible el cambio político.
