La más reciente investigación publicada por Transparencia Venezuela analiza el volumen, las características y las implicaciones de los principales ilícitos que tienen lugar en el país: el contrabando de drogas, oro, combustible y la corrupción en puertos y aduanas. El volumen de las operaciones ilegales es equivalente a 21% del producto interno bruto de Venezuela.
Durante más de diez meses, Transparencia Venezuela, de la mano de un grupo de investigadores y expertos, analizó e identificó las economías ilícitas de mayor magnitud que ocurren en el país. Del estudio se desprende que solo el contrabando de drogas, oro, combustible y las actividades ilegales en puertos y aduanas reportan anualmente más de 9.400 millones de dólares a organizaciones criminales amparadas por funcionarios corruptos.
El informe Economías Ilícitas al amparo de la corrupción revela que, en los últimos años, aumentó el peso de estas actividades en Venezuela, a partir de un análisis realizado por la firma de economía y finanzas Ecoanalítica.
Según el estudio, el volumen de las operaciones ilegales es equivalente a 21% del producto interno bruto de Venezuela, que se ubica en USD 43.440 millones, según la firma.
La investigación concluye que Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado de la región, mientras, los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados a fin de garantizar el beneficio económico de las estructuras corruptas, su permanencia en el tiempo y la impunidad de sus actos.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la confirmación de la existencia de organizaciones que han logrado tejer redes nacionales e internacionales, con participación de grupos criminales y de funcionarios corruptos que apoyan o promueven estas acciones. A la par, aumentan la brecha de desigualdad, la migración y el deterioro de la calidad de vida de 90% de la población que no tiene acceso a servicios básicos de calidad.
La investigación destaca que ante la asfixia económica causada por la destrucción de la industria petrolera, la crisis económica, la desaparición del subsidio cambiario, la falta de inversión y las sanciones internacionales, funcionarios y efectivos corruptos han optado por ampliar su participación en las actividades económicas ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional.
Riqueza vs devastación
El primero de los ocho capítulos que integran el informe aborda distintas aristas de tres de las principales economías ilícitas presentes en Venezuela: tráfico ilegal de combustible, narcotráfico y corrupción en los puertos. Como abreboca, se muestran las estimaciones del tamaño de cada una de estas prácticas.
De acuerdo con los cálculos realizados para el informe, los grupos criminales y la red de corrupción es capaz de generar anualmente alrededor de 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas; 1.900 millones de dólares con las actividades asociadas al contrabando de combustible; y cerca de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos.
La sección incluye la revisión de las probabilidades de extorsión al sector productivo en las alcabalas o puntos de control en el territorio venezolano, que constituyen otra oportunidad para captar ganancias de manera ilegal y generan graves impactos en la población. Revela que de cada cuatro alcabalas por las que se transitan en el país, al menos en una hay posibilidad de extorsión.
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