Redaccion El Tequeno La declaración de Julio Martínez Martínez no solo sirvió para aclarar su actuación en el caso Plus Ultra. También permitió anticipar los próximos movimientos del juez instructor. En el interrogatorio al considerado testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, el magistrado José Luis Calama indicó que se iba a proceder a una revisión exhaustiva de los movimientos de la sociedad Whathefav, propiedad de las dos hijas del ex presidente del Gobierno.
Los informes de la Udef estiman que, más allá de la actividad real que pudiera tener, la sociedad funcionaba como un instrumento para hacer llegar a Zapatero las ganancias del tráfico de influencias que se le imputa.
La sociedad del testaferro, Análisis Relevante, pagaba a Whathefav una iguala de 5.000 euros a cambio de supuestos trabajos de maquetación de los informes de asesoría. Según fuentes conocedoras de la declaración el juez Calama dejó claro en sus intervenciones que no se creía que por esos trabajos se pagaran esas cantidades.
A preguntas de su defensa, Julio Martínez explicó que en 2022 Whathefav dejó de hacer ese trabajo de maquetación. Sin embargo, él tuvo que seguir pagando la iguala. Cuando se le preguntó el motivo, dijo que eran las hijas de Zapatero.
Al día siguiente de la declaración del padre en la Audiencia Nacional, el juez acordó imputar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Lo hizo tras la petición expresa de la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente y de la acusaciones populares, que coordina el PP. Ambas tendrán que declarar como investigadas, aunque no hay fecha fijada. No será antes de septiembre, puesto que el instructor explicó ayer a las partes que no tenía intención de acordar nuevas declaraciones hasta entonces.
En relación con las hijas, Calama recordaba en su auto de imputación que ambas son administradoras formales de Whathefav, una sociedad «instrumental», según los investigadores, destinada a recibir los fondos pagados a Zapatero por sus gestiones para que se concediera el rescate de 53 millones a la aerolínea. Esta circunstancia «determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas». Añade que la investigación atribuye a la sociedad «un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes» para los hechos objeto del procedimiento, y «esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad».
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