La aparente buena noticia del pasado viernes, cuando se anunció la liberación de 80 presos políticos venezolanos tras un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos, ha quedado rápidamente opacada por una nueva ola de represión, que ha dejado al menos 20 detenidos en apenas 72 horas.
Líderes de la oposición denunciaron que este episodio es una nueva muestra de la llamada política de “puerta giratoria”, mediante la cual el régimen libera selectivamente a algunos detenidos para sustituirlos por nuevas capturas, manteniendo así su “inventario” de rehenes políticos que utiliza como fichas de negociación.
El régimen ni siquiera cuida las formas de su falsedad. No ha cumplido su promesa de liberar a los 80 presos políticos anunciados y ya ha iniciado una nueva ola de detenciones, dijo el partido Vente Venezuela, liderado por la dirigente opositora María Corina Machado, en un comunicado.
“Desde el pasado viernes se han registrado más de 20 nuevas detenciones, entre ellas dirigentes vinculados al Comando Con Venezuela y testigos de mesa del proceso electoral previsto para el 28 de julio. En los últimos dos meses, se contabilizan al menos 30 arrestos arbitrarios, que incluyen no solo a los directamente afectados, sino también a familiares y personas cercanas, lo que refleja una represión ejercida con particular crueldad”, agregó el texto.
Este patrón de represión selectiva pone en duda la sinceridad del régimen venezolano al asumir compromisos internacionales, advirtieron voceros opositores. La privación de libertad continúa siendo usada como herramienta de presión en un contexto de “diplomacia de rehenes”.
El trasfondo de esta situación es un dramático intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, que ambas partes esperaban que sirviera como punto de partida para una posible distensión tras años de enfrentamiento.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, el acuerdo fue el resultado de semanas de conversaciones discretas e incluyó la liberación de 252 venezolanos detenidos en El Salvador, los 80 presos políticos anunciados y diez ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes encarcelados en Venezuela por causas consideradas en muchos casos de naturaleza política.
Para Estados Unidos, el objetivo principal era recuperar a sus ciudadanos detenidos en cárceles venezolanas. Para el régimen de Maduro, la operación representaba la oportunidad de repatriar a sus nacionales desde El Salvador y, eventualmente, abrir la puerta a una posible flexibilización de las relaciones económicas, especialmente en el sector petrolero.
Sin embargo, la oposición sostiene que el régimen no tiene ninguna intención real de cambiar de rumbo. “Reiteramos el llamado urgente a la comunidad internacional a actuar frente a lo que ocurre en Venezuela”, insistió el comunicado.
“Este contexto de máxima gravedad forma parte de las prácticas de terrorismo de Estado que el régimen ejecuta, y que han convertido el miedo en su principal instrumento de control, amenazando con arrasar a todo aquel que se atreva a desafiarlo”. Más de 900 personas continúan presas o desaparecidas por razones políticas.
La represión se mantiene activa, incluso contra antiguos dirigentes del chavismo, luchadores sociales, periodistas, sindicalistas, maestros y trabajadores públicos, concluyó la denuncia opositora.
