Redaccion El Tequeno A finales de septiembre Venezuela tendrá un plan de reconstrucción tras los sismos del 24 de junio. En un acto oficial, la presidenta encargada Delcy Rodríguez hizo el lanzamiento del Plan de Evaluación de Necesidades Post Terremotos, bajo la coordinación de Naciones Unidas que, desde 2019, mantiene a sus equipos humanitarios desplegados en el país. Este jueves han comenzado las reuniones de trabajo para construir la hoja de ruta para la reconstrucción tras los desastres, que debe atender a 1,3 millones de personas afectadas no solo porque perdieron sus familiares y sus viviendas, sino también medios de vida, trabajos y quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de los sismos en las regiones donde se concentran los daños.
La Evaluación de Necesidades Post Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés) es una metodología desarrollada por Naciones Unidas. A esta tarea están sumados representantes del gabinete y especialistas de las distintas organizaciones de la ONU, que evaluaran las necesidades que emergieron en siete estados afectados del país. Antes de los terremotos, Venezuela requería atención humanitaria para 600 mil personas en las zonas del desastre. Luego se han sumado unas 700 mil personas más. El desastre natural golpeó a un país con fragilidades previas. La Oficina de Asuntos Humanitarios reportó al comienzo de 2026 que 7,9 millones de personas en el país requerían atención urgente. Luego del doble sismo esta cifra supera los nueve millones. La ONU hizo una agenda de 299 millones de dólares al Plan de Respuesta Humanitaria para asistir los nuevos afectados.
La reconstrucción no pasa solo por rehacer edificios. Están en la agenda la restitución de servicios esenciales como agua y electricidad que fallan en casi todo el país. En el plan también están involucrados la Unión Europea y el Banco Mundial, junto al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF. “Nuestro objetivo va más allá de reconstruir infraestructuras: es recuperar la vida plena de las familias, fortalecer el desarrollo humano y construir comunidades más humanas, de bienestar y armonía con la naturaleza”, aseguró Rodríguez durante el anuncio en el que agradeció y condecoró a Gianluca Rampolla, coordinador residente de Naciones Unidas que termina su misión esta semana.
No está claro cómo podría financiarse una reconstrucción de Venezuela, que arrastra años de precariedad y de déficit en sus ingresos por los malos manejos y la corrupción y, desde 2019, por las sanciones económicas. La renegociación de la enorme deuda que tiene el país ha entrado en revisión ahora que Washington tutela del Gobierno de Miraflores. La ayuda internacional por los sismos podría estar vinculada a posibles alivios sobre la deuda.
En La Guaira iniciaron las demoliciones controladas de edificios en riesgo de colapso, mientras todavía queda gente buscando cuerpos. El miércoles, los vecinos de una de residencias de la Misión Vivienda en el sector Playa Grande pidieron a los equipos de explosivistas una prórroga para la demolición de una de las torres que quedó inclinada tras la sacudida.
El ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien preside la comisión presidencial que evalúa la habitabilidad de la infraestructura, aseguró está semana que ningún edificio sería demolido si había cadáveres por recuperar. “Cada caso será analizado de manera individual”, dijo. Hasta la fecha, según Garcés, se han inspeccionado 32 mil edificaciones. La mitad es habitable, pero un cuarto ha quedado con afectaciones reparables y otro cuarto tiene etiqueta roja, que indica que tiene daños severos.
Los planes de reconstrucción avanzan, sin embargo, en medio de opacidad. Este viernes se cumple una semana sin que se actualice la cifra oficial de fallecidos y afectados que el Gobierno ofrecía diariamente. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello —la institución que produce desde 2014 la Encuesta de Condiciones de Vida, la mejor evaluación estadística que existe del país— alerta de que la falta de información es una cortapisa para la evaluación de las necesidades.
La publicación de información económica sobre cuentas nacionales, balanza de pagos, posición de inversión internacional, cuentas fiscales, presupuestos de la nación, leyes de endeudamiento; además de los censos, encuestas de hogares y boletines epidemiológicos se ha suprimido o interrumpido desde hace más de una década. “Actualmente, información necesaria para fomentar oportunidades de producción, financiamiento, inversión y consumo y para orientar, organizar y evaluar políticas públicas en distintas regiones del país no está disponible, a pesar de la aprobación desde enero de 2026 de nuevas leyes para atraer inversiones, la anunciada renegociación de deuda externa, la deseada estabilización de precios y cambios y la iniciada reanudación de relaciones del gobierno con organismos multilaterales”, advierte la facultad en un comunicado.
