Redaccion El Tequeno Más de 40.000 inmigrantes, en su inmensa mayoría de nacionalidad marroquí, han entrado de manera irregular en Ceuta en las últimas 24 horas, según las primeras estimaciones que manejan las fuerzas de seguridad. La presión alcanzó en algunos momentos las 300 entradas por hora, según una fuente policial. Todas estas cifras se han traducido en la mayor crisis migratoria de la historia de la ciudad, al superar ampliamente la registrada en la anterior, la de mayo de 2021, cuando se calculó que burlaron los controles fronterizos más de 10.000 migrantes después de que Marruecos relajara los controles fronterizos. A falta de un recuento oficial, el número de entradas que se maneja ahora —y que algunas fuentes elevan a 49.000— supone prácticamente incrementar en cerca de un 50% la población del enclave, donde hay censadas 83.600 personas.
Esta entrada masiva se ha reflejado desde el jueves en la presencia de una importante cantidad de personas en grupos que deambulan permanentemente por las calles de Ceuta y que han pasado la noche a la intemperie. Un residente describe de manera gráfica que lo que se está viendo en las últimas horas en la ciudad es como si hubiera “una manifestación constante”. No obstante, en las últimas horas se está registrando el fenómeno inverso, el de miles de marroquíes que retornan a la cercana localidad de Fnideq (la antigua Castillejos) y que se cruzan con los que aún intentan entrar en España. Este movimiento era esperado por las fuerzas de seguridad, que ya observaron retornos voluntarios similares durante la crisis de 2021.
La crisis se ha saldado, por el momento, con 27 muertos, todos ahogados al intentar sortear a nado el espigón fronterizo de El Tarajal. No obstante, no se descarta que esta cifra aumente en las próximas horas. Los servicios mantienen desplegado un dispositivo de búsqueda de más víctimas en las aguas próximas a la frontera. De hecho, la Guardia Civil ha enviado a Ceuta dos grupos de buceadores (ocho agentes) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) con base en Andalucía.
Esta estimación supone un duro varapalo para las estadísticas del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular. Según el último balance del departamento de Fernando Grande-Marlaska, entre el 1 de enero y el pasado 15 de julio, habían entrado en España de manera irregular 14.479 personas, un dato positivo, ya que suponía cerca de un 25% menos que en el mismo periodo del año anterior. En Ceuta, en concreto, habían sido 2.826, por lo que solo en la ciudad autónoma en un solo día se han multiplicado por 20 las estadísticas acumuladas en más de seis meses.
En el último informe de Seguridad Nacional, referido a 2025 y aprobado el pasado 21 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno, ya se apuntaba que el año pasado la presión migratoria tanto en Ceuta como en Melilla se había visto “notablemente incrementada debido principalmente al fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar”, como ha ocurrido ahora. Sin embargo, esta tendencia no explica los sucesos de este jueves en la ciudad española, como tampoco la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohibía el rechazo en frontera ―las coloquialmente conocidas como devoluciones en caliente― cuando la entrada se produce precisamente a nado, según coinciden en señalar varias fuentes policiales.
Siempre según estas fuentes, lo ocurrido en Ceuta guarda grandes similitudes con lo acaecido en mayo de 2021, cuando se produjo la anterior gran crisis migratoria por la entrada masiva de inmigrantes, en su mayoría marroquíes de localidades cercanas a la ciudad española. Entonces, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) redactó un informe “reservado” de cuatro páginas, que hizo llegar a Sánchez y a otros miembros de su Ejecutivo, en el que se vinculaba aquella entrada de migrantes con el estado de las “relaciones” con Rabat “tras la acogida” en España, un mes antes, de Brahim Gali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para ser tratado de una grave infección por la covid. Un segundo informe del CNI, fechado el 24 de junio de aquel año, incidía en la misma idea al concluir que el objetivo era “presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental”.
