Redaccion El Tequeno En los 25 años que Héctor Barros (Linares, Chile, 57 años) lleva como fiscal, ha sido tanto testigo como protagonista, por sus investigaciones, de cómo ha cambiado la delincuencia en Chile, y uno de los factores que ha incrementado la violencia es el Tren de Aragua (TDA).
La organización criminal trasnacional, fundada en la cárcel de Tocorón en Venezuela por Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero, abatido el pasado 12 de junio en el Estado de Bolívar, al sur de Venezuela, extendió ampliamente sus tentáculos al país sudamericano, pues envió a sus hombres de mayor confianza, entre ellos Larry Álvarez, alias Larry Changa y Carlos Gómez, Carlos Bobby, el jefe para Sudamérica. Hoy ambos están detenidos en Colombia, pero activos desde sus celdas. Antes del TDA, describe Barros, “la delincuencia chilena era más bien ‘tradicional’, con niveles bajos de violencia y secuestros [generalmente eran entre traficantes]. La víctima no era sometida a apremios y si las negociaciones fallaban, era liberada sin ningún daño. Pero pasamos de eso a lo que ocurre hoy, que están secuestrando a personas, torturándolas y a algunas de ellas le han cercenado la oreja y se la han hecho comer. Y no es que yo lo diga: esto está filmado por ellos mismos, porque hacen videos”.
“Hoy, en una especie de demostración de poder, los delincuentes chilenos ya no disparan a las piernas como antes; ahora disparan a matar”, señala. “Esto tiene que ver con la sobreviviencia de las estructuras criminales. Porque, cuando llega una organización mucho más ‘evolucionada’, o se someten y se extinguen, o suben la violencia. Y lo que han hecho las organizaciones criminales chilenas es ponerse a la par del Tren de Aragua”.
Como jefe regional de la Fiscalía de la zona sur de Santiago y, además, coordinador de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Barros ha liderado las principales indagatorias en contra del TDA, entre ellas el secuestro con homicidio en Santiago, en febrero de 2024, del disidente del régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, quien tenía refugio político en Chile. El 2 de junio, el abogado dio el que es considerado el mayor golpe económico en América Latina al TDA con la Operación Tokio, en la que está vinculado Carlos Bobby. Desbarató una red que lavó activos, solo entre 2022 y 2025, por más de 85 millones de dólares. El dinero provenía de extorsiones a comerciantes y productores de eventos nocturnos, secuestros, explotación sexual y tráfico de drogas. En el grupo, una de las tantas células de la megabanda transnacional, que opera en 14 de las 16 regiones de Chile, fueron detenidos dos ejecutivos bancarios.
“Este caso evidenció los movimientos de las platas del Tren de Aragua y la magnitud de los dineros que saca de Chile y las estructuras que monta para hacerlo”, dice el fiscal en referencia a las dos empresas de fachada que montó el TDA y a las decenas de cuentas bancarias por las que pasaban los millonarios montos. “Nosotros logramos desentrañar que las empresas creadas por el Tren de Aragua, con las que sacaban dinero de Chile, son ilícitas”, agrega.
La Operación Tokio fue denominada así por la policía chilena, la PDI, pues en la cárcel de Tocorón, donde Guerrero estuvo hasta 2023, cuando huyó, funcionaba una discoteca llamada Tokio (también tenía una piscina y un restaurante). El caso ha revelado, además, que los líderes y miembros del TDA ingresaron sigilosamente a Chile mucho antes de lo que se sabía hasta ahora. Barros calcula que su arribo pudo ser, incluso, en 2017, cuando “empezaron a aparecer, sobre todo, en los clubes nocturnos [donde extorsionan comerciantes]. Luego, con el ingreso irregular durante la pandemia [por la frontera norte], aproximadamente en 2020 y 2021, ya se desatan con todo. Y en diciembre de 2023 comienza el peak de delitos de secuestros y secuestros con homicidios a nivel nacional”.
Ese peak, describe, significó el inicio del “hallazgo de cuerpos cercenados o partes de cuerpos [en calles], y el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda“. El caso de Ojeda, por sus características inusuales —no se pidió dinero para liberarlo—, parecía imposible de aclarar. Pero Barros desenredó la trama y, según su investigación, lo ejecutó el TDA. El móvil, ha dicho, fue político. Incluso, ha apuntado varias veces a las autoridades venezolanas y ha señalado que “es poco creíble que solo Diosdado Cabello sea el autor intelectual».
La Operación Tokio arrancó con el hallazgo de un teléfono móvil, en julio de 2024, en una parcela en Lampa, al norte de Santiago, donde luego de una fiesta de ciudadanos venezolanos hubo quíntuple homicidio. El crimen impactó a Chile, un país que entonces no estaba familiarizado con ese nivel de violencia, y golpeó duramente al Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), pues agravó la crisis de seguridad. La indagatoria permitió seguir el mecanismo del TDA para extorsionar a los productores de eventos, pues si no le pagaban y pedían autorización, habría represalias. Y en Lampa las hubo.
El caso tuvo también tuvo una arista en Colombia. Carlos Bobby, uno de los imputados en Chile por el crimen de Ojeda, monitoreaba desde su celda, en su móvil, las extorsiones que los miembros de TDA, apresados en la Operación Tokio, realizaban en Santiago y también en la zona centro sur. Gómez no es un integrante más. “Está en los niveles superiores y contaba con la confianza del Niño Guerrero”, dice el fiscal.
Sabía dónde estaba Guerrero
Por su experiencia, Barros dice que, tras la muerte de Guerrero, “el Tren de Aragua va a seguir funcionando igual”. Lo dice por la forma que tiene de operar la organización, que reemplaza a sus jefes cada vez que uno huye o es detenido. Hoy en Chile hay más de 300 de sus miembros en las cárceles, entre ellos Carlos González Vacca, alias Estrella, miembro de la primera cúpula del TDA.
“El Niño Guerrero no era el único líder; pero era el niño símbolo del Tren de Aragua. También está Johan Petrica, y el Viejo”, señala el fiscal. Ambos están prófugos, desde que Guerrero fue abatido.
“El Tren de Aragua es una estructura piramidal. Todas las incursiones que realizan en distintos países eran autorizadas por él [Guerrero], pero dependiendo del ‘rubro’ en el que se desempeñan. Si está en la minería ilegal, ahí está Johan Petrica. Pero, al menos en Chile, la vinculación era con el Niño Guerrero».
En medio de las varias indagatorias abiertas en Chile contra el TDA, Barros dice que “en los registros de las investigaciones”, de su equipo, que tenían información sobre el paradero de Héctor Guerrero, unos 10 días antes del operativo en que murió, en una accción conjunta entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Fue hallado en el enclave minero de Las Claritas, en Bolívar, cerca de la frontera con Brasil y Guayana. “Teníamos con certeza del lugar, y que estaba con John Petrica y el Viejo, que se escondían en túneles y que tenían una guardia armada fuerte que los protegía».
La pregunta, entonces, es por qué no se entregó esa información. “¿Y a quién se la llevo?El problema es que no hay un interlocutor válido con Venezuela, con quién interactuar. Ese es el gran tema. ¿Por qué no lo hice? A lo menos en la causa de Ronald Ojeda, que es de conmoción internacional [era refugiado político en Chile], tenemos siete personas que están con orden de detención en Venezuela, y que nunca ha sido detenidas por las autoridades venezolanas”.
“Con Venezuela hay una relación formal, pero no hay un apoyo real. Por eso, cuando nosotros hablamos de cómo hay que enfrentar este tipo de criminalidad, no es solo metiendo gente presa, sino de una cooperación internacional de verdad entre Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador. Pero, principalmente, con Venezuela. Allá están escondidas las personas que cometen delitos acá”.
Vía AlbertoNews
