Redaccion El Tequeno «Tenemos ciento cuarenta y dos días acá», dice Liliana Quintero en el campamento de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Cuenta que han pasado ese tiempo bajo lluvia y sol. Su hermano, José Miguel Quintero, permanece en El Rodeo I, un centro penitenciario del estado Miranda, próximo a la capital. Ella sitúa su detención en 2021. Desde entonces ha presentado solicitudes ante organismos y organizaciones. «Tengo papeles», dice.
El lunes, el regreso de la opositora seguía en las conversaciones de las paradas de autobús y las cafeterías de Caracas. La víspera, una multitud había salido a recibirla en la autopista. El entusiasmo convivía con la cautela de quienes habían esperado otras veces un cambio que no llegó.
Los familiares del campamento se instalaron la noche del 7 de junio para pedir mediación estadounidense. Desde entonces reclaman audiencias, atención médica y cumplimiento de órdenes de excarcelación. Esperan que la dirigente opositora intervenga por quienes continúan detenidos. La orden es que nadie levante las carpas hasta no tener los resultados que se han propuesto.
En una entrevista fuera del campamento, Fanny Lozada habla de una boleta de salida, una orden judicial de excarcelación. Su hija, cuenta, la tenía. Sigue presa. «No sé el motivo o la razón por el cual no me la soltaron», dice. Después menciona otras boletas que supuestamente carecen de firma. Le llegan noticias distintas y no consigue una explicación.
Machado anunció su regreso el domingo. Tras cerca de diez meses fuera de Venezuela, apareció en una iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara.
«Yo quisiera que la señora María Corina me diera la oportunidad de hablar con ella», dice Fanny. Le atribuye al regreso una esperanza nueva, pero la información sobre su hija sigue siendo confusa. «Son tantas cosas juntas, tantas informaciones que no nos las dan como tienen que ser».
«Estamos recobrando las fuerzas»
Foro Penal, organización de defensa de los derechos humanos, mantiene en su balance al 5 de octubre un total de 322 presos políticos. De ellos, 170 seguían sin condena.
Liliana recuerda una boleta de noviembre de 2021 que, según relata, nunca supuso la salida de su hermano. En 2023 le abrieron otro expediente, con señalamientos de terrorismo y financiamiento a la guerrilla. Dice que solicitó una amnistía y se la negaron. Ha recurrido a Naciones Unidas y a Foro Penal.
Al hablar de Machado afirma que confía plenamente en ella. «Nos alimentó de nuevo», dice sobre el efecto de su llegada. «Nos apoyamos, nos ayudamos, pernoctamos», explica sobre las familias con las que pasa los días en el campamento.
Carolina Zapata pide por su tío, Juan de Jesús Castillo, detenido desde diciembre de 2021. Lo describe como campesino, próximo a la tercera edad. Cuenta que lo acusaron de terrorismo y asociación para delinquir, y rechaza que perteneciera a un grupo guerrillero. «Hemos recurrido a todas las instancias, hemos agotado los recursos», dice. La petición que mantiene frente a la representación diplomática es sencilla: «Estamos aquí frente a la embajada para ser escuchados».
Con el regreso de Machado, Carolina espera que su tío pueda volver pronto a casa. «Estamos recobrando las fuerzas», dice.
También entrevistada fuera del campamento, en medio de la celebración por el retorno de Machado, Gabriela Álvarez se presenta como familiar de Gabriel Guerra, camarógrafo que trabajó con el periodista Ramón Centeno y permanece detenido desde 2022. Vincula su encarcelamiento a un proyecto periodístico sobre el narcotráfico en Venezuela. Quiere que una negociación termine con la libertad de quienes siguen presos. Las liberaciones prometidas desde enero le parecen ahora «mucho más cerca».
Cuenta que familiares consiguieron hacer llegar a gritos la noticia del regreso al centro penitenciario El Rodeo. Según la información que recibió de otros familiares, los detenidos se emocionaron al saber que Machado estaba de nuevo en Venezuela.
Expectativas «muy altas» con el regreso de Machado
En el campamento permanece un hombre que sí pudo salir. Leonardo Chirinos fue excarcelado a finales de septiembre. «Tengo casi un mes de que salí en libertad», afirma. Su hermano continúa detenido en el Fuerte Guaicaipuro, un recinto militar de Miranda. Leonardo se ha instalado cerca de la embajada para reclamar por él y por los demás.
Atribuye su excarcelación al trabajo de las familias de la Alianza y reconoce también las conversaciones entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición vinculada al Parlamento elegido en 2015, respaldadas por Estados Unidos.
Rodríguez gobierna desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Washington mantiene interlocución con su administración. Los familiares acampan ante su embajada porque esperan que use esa influencia en las excarcelaciones. Leonardo pide intervención «no solamente políticamente, sino en el tema judicial».
De Machado espera que converse con Estados Unidos y contribuya a una transición pacífica hacia elecciones. Precisa que no está hablando de negociar. Quiere «entablar una conversación».
Sus expectativas con el regreso son «muy altas». No limita la petición a los familiares de los presos. Cree que Machado debe intervenir también por los trabajadores, la educación y otros sectores del país.
El diputado chavista Jorge Arreaza, miembro de la comisión de diálogo, reconoció a finales de septiembre una «aplicación errática» de la Ley contra el Odio, aprobada en 2017. Habló de «abusos de muchos cuerpos de seguridad» y calificó de «inconcebible» la revisión policial de teléfonos para buscar mensajes de odio. Defendió mantener la norma: dijo que había protegido a familias de los barrios frente a linchamientos. El Parlamento estudia su reforma. Arreaza propuso escuchar también a quienes fueron encarcelados por difundir un mensaje.
Para Fanny, el retorno significa «la lucha por nuestros presos políticos». Relaciona la libertad de los detenidos con la posibilidad de votar. «Si no hay presos políticos libres, no hay una Venezuela con democracia para poder ejecutar unas elecciones».
