Redaccion El Tequeno Cerca de 400 familias pertenecientes a la OPPE 30 y 34, ubicadas en Caraballeda, estado La Guaira, solicitaron formalmente a la Comisión de Habitabilidad y Vivienda la modificación en la clasificación de sus edificios. La medida busca superar trabas burocráticas que actualmente les impiden gestionar créditos bancarios para adquirir nuevas casas.
Los residentes explicaron que sus infraestructuras sufrieron daños graves tras el doble sismo y, a pesar de contar con etiquetas rojas, no figuran oficialmente como colapsadas en el sistema. Félix Pineda, uno de los afectados, señaló que la banca exige explícitamente que el documento indique la condición de colapso para aprobar el financiamiento. Los afectados llevan tres meses lidiando con esta problemática y exigen una nueva inspección técnica que refleje la realidad de los inmuebles.
Por su parte, Oriana Cardona denunció irregularidades en el proceso, detallando que en un principio los inmuebles aparecían registrados como colapsados, pero posteriormente el acceso a dicha información fue bloqueado. Asimismo, indicó que las nuevas etiquetas entregadas siguen manteniendo una clasificación roja de acceso prohibido que tampoco es aceptada por las entidades financieras públicas.
Tras los severos daños sufridos por los movimientos telúricos, estas familias mantienen la expectativa de que las autoridades atiendan sus reclamos con prontitud, logrando así destrabar los trámites necesarios para reconstruir su patrimonio y adquirir viviendas seguras.
Con información de UR
