Analistas sostienen que las modificaciones a las sanciones petroleras que resulten de la aprobación de nuevas licencias para que las petroleras extranjeras negocien con Pdvsa, deben ir acompañadas de condiciones que aseguren el respeto de los derechos humanos y de la propiedad privada por parte de la administración de Maduro.
La flexibilización de las sanciones financieras y/o petroleras debe ir acompañada de una serie de condiciones que aseguren la protección de los recursos que se generen por las exportaciones, pero también que eviten las acciones abusivas que dieron paso a las restricciones de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea contra la administración de Nicolás Maduro.
Analistas presentes en el foro «Venezuela se pregunta: ¿Hay que levantar las sanciones?», organizado por el portal La Gran Aldea, coinciden en que un alivio de las sanciones petroleras generará mayores ingresos al país, pero que debe haber garantía de que éstos recursos se destinen a mejorar la vida de los venezolanos y no que se desvíen en hechos irregulares o de corrupción.
Luis Pacheco, miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice en EEUU, calcula que con un levantamiento de las sanciones el impacto será muy bajo, pero que Venezuela podría en un plazo de 18 meses incrementar su producción petrolera en 200.000 barriles diarios (b/d), y no más, debido a la poca capacidad que tiene la industria estatal. El país produce actualmente alrededor de 700.000 b/d de crudo.
«Es poco el volumen considerando el potencial que tiene Venezuela, pero es física y técnicamente imposible que una flexibilización tenga un gran impacto sobre el país. Es positivo, ya que de aprobarse la licencia las compañías podrán enviar crudo a Estados Unidos y esto beneficiaría al gobierno norteamericano desde el punto de vista del tema energético. Para el régimen venezolano también sería positivo porque estaría recibiendo dinero adicional, pero ¿cómo hacemos para atraer a los inversionistas con el actual entramado legal del país?«, acota.
Pacheco sostiene que los ingresos adicionales que se perciban por la autorización de nuevas licencias es un incentivo muy importante para la administración de Maduro para negociar, pero también para obtener ciertas concesiones. Sin embargo, considera que es necesario regular esos ingresos adicionales. Recalcó que hasta la fecha, nadie, al menos en el Gobierno norteamericano, ha hablado de levantar las sanciones sino de flexibilizarlas. Pero que se debe evaluar lo qué se puede esperar y mantener claras las expectativas.
«No me queda claro que es lo que están haciendo, hablan en la prensa de una licencia para que las empresas petroleras extranjeras puedan conversar con Pdvsa, pero no agregan mucho más. Todavía creo que el jurado está deliberando», indicó el ingeniero quien fue presidente de la junta ad hoc de Pdvsa.
Para el economista Francisco Rodríguez existe un alto nivel de incertidumbre sobre lo qué pasará si se levantan las sanciones, pero calcula que en una primera instancia y tomando en cuenta los 200.000 b/d que prevé Pacheco, la medida agregaría un monto aproximado de 7.000 millones de dólares de mantenerse un promedio del precio del petróleo en 90 dólares. Explica además que con una flexibilización ya no se vendería el crudo venezolano con descuento. Sin embargo, considera que en las discusiones que se llevan a cabo sobre las sanciones se garantice la de estos recursos.
«Confío en que la flexibilización se de dentro de un marco regulatorio para asegurar que los recursos sean utilizados para atender las necesidades del pueblo. Será una tragedia que esos ingresos sean llevados solo por las compañías, que sean manejados secretamente por Maduro porque es cierto que el gobierno se vea tentado a desviar los recursos para sus fines, pero también es cierto que la oposición exija que sean destinados adecuadamente», indicó el economista.
Rodríguez también considera que en este momento lo que está planteado es la flexibilización de las sanciones. «La discusión no es de levantamiento de la medida. Lo importante es que esas flexibilizaciones se den en un marco normativo, regulatorio».
En esto coincide el abogado José Ignacio Hernández, miembro visitante del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, quien agregó que su mayor preocupación es saber cuáles son las condiciones técnicas para aprobar la licencia, ya que ésta requiere de exigencias que contribuyan a erradicar las conductas abusivas y que ayuden a aliviar el sufrimiento de los venezolanos.
Para leer la nota completa, pulsa aquí
