José Brito pide «estatus de las inhabilitaciones» de María Corina Machado, Henrique Capriles y otros candidatos a la primaria

Redaccion El Tequeno

El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Contraloría, José Brito, solicitó al Contralor General de la República, el estatus de la inhabilitación para ejercer funciones públicas que pesa sobre María Corina Machado.

Desde el máximo poder contralor de la República, el parlamentario advirtió que los aspirantes a competir en un proceso de elección popular, deben estar habilitados para ello, porque de lo contrario, «se estaría incurriendo en una oferta electoral ficticia sostenida por el engaño y el abuso de la buena fe del electorado», aseveró.

«La promoción electoral de un ciudadano que se encuentre inhabilitado, se presta para generar una narrativa dentro de la opinión pública nacional e internacional, lo cual atenta abiertamente contra la institucionalidad del país», dijo.

En este orden de ideas amplió que se pretende vender una especie de persecución política cuando en la realidad existen motivos de ley que impiden a esa persona, formalizar una postulación.

Asimismo, reiteró al órgano contralor, dar a conocer ante la opinión pública, la condición legal de María Corina Machado. «Los electores quieren saber, si está ciudadana se encuentra hábil para postularse y realizar campaña electoral cómo aspirante a la Presidencia de la República», acotó.

Recordó Brito que María Corina Machado, fue inhabilitada políticamente por la Contraloría General de la República, el 13 de julio de 2015, de conformidades al artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Contra la Corrupción, mediante Resolución 01-00-000398, y a su juicio, no está claro si se han cumplido todos los requisitos legales para que pueda presentarse.

Finalmente acotó a Elvis Amoroso que garantizar el ejercicio de la vía democrática del voto cómo instrumento pacífico de cambio, implica que los candidatos aspirantes a participar en un proceso de elección popular estén legalmente habilitados para ello, porque de lo contrario se estaría incurriendo en una estafa electoral, de la cual el Estado no puede ser cómplice por acción u omisión.

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