Redaccion El Tequeno Tras la reciente denuncia realizada por jueces del estado Anzoátegui, un grupo de jueces del estado Zulia decidió sumarse a ese llamado, advirtiendo que en esta región existe una situación igual o incluso más delicada, atribuida directamente a la gestión de la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
Los jueces describen un esquema de funcionamiento que ha generado una auténtica trombosis institucional, caracterizada por la centralización absoluta de decisiones. Explican que una sola persona, designada por la Presidenta, es la encargada de revisar y resolver expedientes una sola vez al día, a partir de las 3 de la tarde, manteniendo paralizado el circuito durante casi toda la jornada.
Uno de los jueces lo expresa así:
“Antes de las tres no se resuelve nada. Todo queda detenido hasta que esa persona reciba instrucciones.”
Otro funcionario agrega:
“Los tribunales están atados. Ningún trámite avanza sin autorización previa.”
Los jueces aclaran que en el pasado solo se consultaban casos muy puntuales, asuntos realmente delicados o vinculados a seguridad nacional, tal como ocurre en cualquier país del mundo. Pero señalan que jamás en la historia del circuito penal zuliano se había sometido a consulta un trámite simple, como una copia certificada, un proveimiento ordinario o la recepción de un escrito.
Un juez lo resume así:
“Hubo épocas en que se consultaban casos extremadamente delicados. Eso es normal. Pero ahora hasta una simple copia necesita autorización. Eso nunca había pasado.”
Los denunciantes afirman que esta estructura no solo ha provocado un retardo procesal masivo, sino que ha obligado a jueces, abogados, fiscales y víctimas a rogar la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, pues el circuito se encuentra prácticamente inmovilizado.
Pero el problema no termina allí.
Los jueces aseguran que desde la Presidencia del Circuito se giran instrucciones contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ignorando los criterios vinculantes de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal.
Uno de los jueces señala:
“Aquí no se aplica la doctrina del TSJ. Se decide según instrucciones internas, no según los criterios vinculantes.”
Ante esta realidad, los jueces zulianos formulan una exhortación directa al Poder Judicial nacional:
“Invitamos a cualquier ciudadano o a cualquier funcionario del Tribunal Supremo de Justicia a que venga al Zulia sin avisar, solicite una copia o un trámite sencillo y verá de inmediato que todo queda detenido en el mismo filtro.”
También piden una verificación formal:
“Entrevisten a los jueces en privado, con garantías. Cítennos a Caracas y mostraremos todas las pruebas de lo que está ocurriendo en el Zulia.”
Los jueces concluyen afirmando que la combinación de paralización administrativa, concentración absoluta de decisiones y desconocimiento reiterado de la jurisprudencia del TSJ ha llevado al circuito penal zuliano a la crisis institucional más grave de su historia, poniendo en riesgo la confianza pública y el funcionamiento natural de la justicia penal.
