Tal como se había previsto, Alex Saab, uno de los empresarios de la revolución, ha sido extraditado a Estados Unidos por delitos que se ubican dentro de la jurisdicción de los tribunales de ese país, lo que sin duda complica las cosas al régimen, que apenas conocida la noticia publica un comunicado condenando el “secuestro” del colombiano, se retira -no sorpresivamente- de la “negociación” que había emprendido con “oposiciones” en México y detiene o reenvía a prisión a empleados de Citgo como una clara medida de retaliación, que expresa la mayor torpeza del régimen en estos momentos que no son precisamente sus mejores.
El régimen de Maduro insiste en que Saab es un diplomático venezolano, aunque en realidad no sería ni venezolano ni diplomático. Es cierto que la nacionalidad es regulada por el derecho interno, pero debe ser extendida conforme a las normas y no arbitraria ni fraudulentamente, lo que no parece haber sido el caso de Saab, por lo cual el otorgamiento de la nacionalidad estaría cuestionado. El derecho internacional marca ciertos límites que restringen las acciones arbitrarias del Estado. La nacionalidad se funda en un vínculo real, honesto y sincero, lo que no es el caso de Saab, cuyos vínculos y asiento de sus negocios e intereses están relacionados con Colombia.
La ciudadanía podría ser en este caso irrelevante, a menos que se intente alguna acción de protección diplomática ante alguna jurisdicción internacional, para lo cual tendría que demostrar que efectivamente es venezolano y que el Estado venezolano tiene en consecuencia el derecho de defender los derechos de uno de sus ciudadanos, un tema complejo que ha sido examinado por la Corte Interncional de Justicia, en especial en cuanto a la nacionalidad de las personas naturales (Caso Nottebohm, entre Liechtenstein y Guatemala) cuando consideró en su decisión del 6 de abril de 1955, que el otorgamiento de la nacionalidad habría sido fraudulento y que por lo tanto Liechtenstein no podía ejercer la protección del señor Nottebohm.
La condición de diplomático, por otra parte, no tiene cabida en este caso. Resulta un argumento esgrimido de mala fe. La condición de “diplomático” no depende solamente del Estado de envío, en este caso Venezuela, cuyo gobierno pretende dar tal condición a un extranjero, lo que pudiera hacer, sino que depende de la aceptación de los otros Estados, especialmente, por supuesto, del Estado de recepción sea en el marco de relaciones diplomáticas o de la diplomacia ad hoc ambas reguladas por el derecho internacional.
El empresario colombiano habría sido designado representante del Estado venezolano, en lo que torpemente insisten todavía, después de su detención, lo que refleja el fraude y la mala fe, contrario todo al derecho internacional, actitud propia de un Estado forajido que desconoce el orden jurídico. Nunca se precisó ante quien fue acreditado el señor Saab, menos aun si ese Estado o grupo de Estados u organización internacional le habían aceptado y reconocido como tal. No se podría plantear en este caso la posibilidad de una violación por los Estados involucrados en el proceso de extradición, de la Convención de Viena de 1961 o de cualquier instrumento internacional que regule el envío de funcionarios del Estado, lo que haría inefectivo cualquier recurso que eventualmente se pudiere intentar ante una jurisdicción internacional.
Le toca ahora al régimen defender al colombiano Saab en los tribunales de los Estados Unidos, para lo cual seguramente seguirá contratando los costosos servicios de personajes nefastos, desacreditados, a quienes sólo el beneficio económico ha interesado en sus actuaciones profesionales.
Lo que diga Saab, en un buen ejercicio de cooperación voluntaria, como lo que dirá el Pollo Carvajal, disminuido general una vez clave en la dictadura venezolana iniciada por Hugo Chávez y seguida por el grupo sanguinario de Maduro y Cabello, traerá consecuencias importantes pues ante todo y eso es quizás lo más importante, se sabrán muchas cosas hasta ahora ocultas que podrían comprometer seriamente al régimen y a sus principales representantes e incluso a otros beneficiarios marginales que se han aprovechado de estas operaciones que, además, no son las únicas que han permitido el saqueo de los recursos públicos.
Víctor Rodríguez Cedeño
