Catalina, de 17 años, cuenta cómo terminó explotada sexualmente en la prostitución en Colombia por esta megabanda venezolana. Ingresó siendo menor de edad y narra cómo otras como ella no salieron vivas. Señala que esa circunstancia, le dejó muchos traumas y secuelas: ansiedad, ataques de pánico y trastorno de sueño.
“Los primeros meses que estuve ahí era carne fresca. Decían ya llegó carne fresca, Tiene 17 años, tiene 16. Es una niña. Terminé primero en un estudio webcam por la desesperación, la necesidad de tener un hijo al que sacar adelante y no tener un empleo. Nadie esta ahí por placer, nadie esta ahí porque le gusta (…) Cuando logras salir de ahí es sumamente difícil porque si tienes hijos te amenazan con que van a matar a tus hijos. Incluso teniendo a tu familia en Venezuela, tu familia no está segura. Las amenazas casi siempre de muerte”, contó Catalina*, una migrante venezolana que cayó en manos de una red de trata operada por el Tren de Aragua en Colombia.
Desde 2018, cuando la diáspora venezolana se incrementó (más de 7 millones de personas han dejado Venezuela buscando protección y una vida mejor, según Acnur), por la inestabilidad económica y política, esa ha sido una de las realidades más dolorosas y palpables de la crisis. Las cifras oficiales sobre trata de personas con fines de explotación sexual no dimensionan el fenómeno y el subregistro de casos es incalculable. Entre 2018 y marzo de 2023, solo 147 migrantes venezolanas han sido registradas por el Ministerio del Interior como víctimas de explotación sexual en Colombia.
Catalina es una de las muchas víctimas de este delito que no está en las cifras de las entidades. Migró cuando tenía 16 años, evadiendo los radares de las autoridades migratorias, por la trocha (paso fronterizo irregular) conocida como La Platanera, por los cultivos de plátano que atraviesan el río Táchira hasta llegar a territorio colombiano. Iba con su hijo en brazos, en busca de un trabajo que le permitiera pagar sus gastos y ayudar con dinero a su familia en Venezuela.
En La Parada, esa frontera porosa en territorio colombiano, en el departamento de Norte de Santander, donde llegaron 7.052 migrantes venezolanas en enero de 2023, según los registros de Migración Colombia, el control territorial no es del Estado colombiano, sino de los grupos armados al margen de la ley. Son varios y responden a diferentes nombres: Rastrojos, Autodefensas Unidas Colombo Venezolanas, Paisas, entre otros, pero según las personas que decidieron dar su testimonio para este reportaje, bajo la condición de reservar su identidad por razones de seguridad, el control de la vida y de los principales negocios se lo disputan hoy la guerrilla del ELN y el Tren de Aragua.
El Tren de Aragua es la banda criminal más poderosa de Venezuela, que en los últimos cinco años se ha expandido en Colombia y otros seis países de Latinoamérica (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Panamá). Lo ha hecho financiando y engrosando sus redes y estructuras a punta de extorsiones, secuestros, contrabando, tráfico de estupefacientes y trata de personas, con fines de explotación sexual. Pero este último crimen, a diferencia de cómo se representa en las películas, con formas violentas desde el comienzo, es de cocción lenta y eso dificulta su investigación.
La trata de mujeres para la explotación sexual es una de las más de 20 economías ilícitas en las que ha incursionado el Tren de Aragua. Esta investigación identificó que la relación de los pranes (presos que lideran las actividades en las cárceles en Venezuela) y la trata de mujeres comenzó entre mediados y finales de la primera década de 2000, cuando las visitas de familiares y parejas a los privados de libertad se convirtieron en pernoctas con una permanencia prolongada de estas visitantes, que comenzaban los viernes y se extendían todo el fin de semana o varios meses. No había un control institucional sobre esta práctica, y esta falencia facilitó que también comenzaran a ingresar mujeres y niñas para ser prostituidas.
La exportación de este delito, a través de los vagones del Tren de Aragua, comenzó entre 2017 y 2018, en los peores años de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. Una funcionaria de la policía judicial explicó que fue durante estos años cuando comenzaron a aumentar drásticamente las denuncias y detenciones asociadas a este delito.
Aunque no hay cifras oficiales que permitan tener una idea de la gravedad de este delito, la creación de una oficina en la policía científica, dedicada exclusivamente a la investigación de la trata en septiembre de 2022, pudiera ser un indicador del crecimiento que ha tenido esta economía ilícita y la preocupación que ha despertado en las autoridades.
