Redaccion El Tequeno Las huelgas de hambre se han convertido en el último recurso con el que los migrantes detenidos por la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump han denunciado las condiciones inhumanas que padecen en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por las siglas en inglés). Unas 70.000 personas, entre ellas niños, se hacinan en instalaciones que en muchos casos se cerraron en el pasado por no cumplir estándares mínimos y se reabrieron en 2025 para absorber el aumento de los detenidos de la cruzada antiinmigración de la Administración republicana.
Este lunes se cumplieron 10 días desde que comenzó la huelga de hambre en el centro de Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, donde las protestas para solidarizase con los presos fueron reprimidas con dureza. Mikie Sherrill, gobernadora demócrata de Nueva Jersey, anunció el domingo que, para rebajar las tensiones, se reanudaban las visitas familiares tras una suspensión de varios días por las protestas y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden frente a las instalaciones. En el interior del centro cientos de detenidos continuaban la huelga de hambre y de labores, negándose a realizar trabajos para exigir mejores condiciones.
El de Delaney no es el único caso. En las últimas semanas se han sucedido huelgas de hambre en centros de detención del ICE en Pensilvania, Michigan y California. La falta de espacio y de camas disponibles; los alimentos en mal estado, caducados y hasta con gusanos; las luces que no se apagan por la noche y hacen imposible el descanso; la ausencia de la atención médica cuando se necesita o el acceso a medicamentos necesarios, y el maltrato por parte de los funcionarios son denuncias que se han repetido desde todos los centros del ICE desde que Trump regresó a la Casa Blanca y puso en marcha su campaña de deportaciones masivas.
“La huelga de hambre en Delaney Hall no es una acción aislada. Es una respuesta a abusos sistemáticos y de larga data en los centros de detención de inmigrantes, y se suma a muchas otras acciones similares en todo el país. En este brutal contexto, las tasas de mortalidad en los centros de detención han ido en constante aumento, registrándose un promedio de una muerte bajo custodia del ICE cada seis días”, afirmó Haddy Gassama, asesora principal de políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Los detenidos en el centro de detención de inmigrantes de Newark afirman que se niegan a ingerir alimentos no solo para llamar la atención sobre las condiciones miserables que imperan en su interior, sino porque los alimentos son incomibles. La comida es solo un ejemplo del trato inhumano y de las condiciones de alojamiento insalubres que padecen.
El ICE reiteró ayer en un comunicado publicado en su cuenta de X lo que ha respondido a las denuncias que recibe de todas las partes del país: “Este es un centro de DETENCIÓN. TODAS las personas retenidas en el interior de Delaney Hall infringieron la ley al ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Ningún infractor de la ley en la HISTORIA ha recibido un trato mejor que los extranjeros ilegales. Todos los detenidos disponen de cama, agua limpia y atención médica integral, y reciben tres comidas al día”.
Una versión muy dispar de la que relatan los propios afectados. En la última de las tres cartas que los detenidos en huelga en Delaney Hall han hecho pública, denuncian que: “Al arresto ilegal forzado de la mayoría de las personas que nos encontramos encerrados se le puede agregar el trato inhumano que vivimos a diario todos los arrestados en este centro; la empresa encargada (GEO) no cumple con las condiciones generales para preservar nuestra salud y nuestra vida”. Y describen como irregularidades “la comida con gusanos o en estado de descomposición; el problema insalubre, específicamente los baños están en condiciones terribles e inhumanas, y un problema de ventilación”. La instalación de 1.000 camas abrió sus puertas el 1 de mayo de 2025 y es gestionada por el contratista privado de prisiones GEO Group, la misma empresa que está a cargo de los otros centros en los que los detenidos se han declarado en huelga de hambre.
Tortura en el centro de Adelanto
El pasado fin de semana varios activistas realizaron un ayuno voluntario de 24 horas frente a un edificio federal en Los Ángeles, en solidaridad con las decenas de detenidos que iniciaron una huelga de hambre a mediados del mes pasado en las tres instalaciones del Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto, California. Las razones son las mismas: no son solo las condiciones inhumanas en las que les mantienen, también denuncian la falta de un proceso justo y la imposibilidad de salir bajo fianza. Adelanto es uno de los 10 centros donde más se usa el confinamiento solitario, práctica que los expertos en derechos humanos han equiparado a la tortura.
Durante las inspecciones realizadas en las siete instalaciones que operaban en California en 2025, el Departamento de Justicia (DOJ) constató que las condiciones habían empeorado porque la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump provocó hacinamiento y una sobrecarga de recursos, especialmente en lo referente al acceso a la atención médica y a las condiciones de reclusión. Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, se registraron seis muertos, la cifra más alta desde que el DOJ comenzó a realizar estas revisiones en 2017. El fiscal general de California Rob Bonta lleva meses investigando el centro de Adelanto y otras instalaciones de detención. En uno de los informes, los detenidos relataban que solo se les servían frijoles y pan, que sufrían trastornos gastrointestinales a causa de la comida, que padecían temperaturas extremadamente frías y falta de inodoros, entre otras condiciones que Bonta calificó de “crueles, inhumanas e inaceptables”.
Las estadísticas soportan la versión de los detenidos. Desde enero de 2025 se han producido medio centenar de muertes en centros de detención del ICE, la mayor cifra registrada en 20 años. Diez de ellos fueron suicidios. Uno de ellos fue el ciudadano chino Chaofeng Ge, de 32 años, quien fue hallado ahorcado en una cabina de ducha el pasado agosto. Las autoridades dijeron que fue un suicidio, pero la autopsia reveló que se encontraba con las manos y los pies atados. Ge estaba detenido en el centro del ICE de Moshannon Valley, en Pensilvania, el más grande del noreste del país, donde se encuentran encerrados unos 1.600 migrantes. En abril de este año, un centenar de detenidos protagonizaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones del centro que, según sus defensores, provocó enfermedades a varios internos. Al menos un detenido fue recluido en régimen de aislamiento como consecuencia de la huelga, según declaró su abogado al medio dedicado a las noticias de inmigración Documented. Las autoridades federales y del condado han negado que se haya producido la huelga. ACLU presentó una demanda contra el centro alegando que las personas recluidas en Moshannon soportan condiciones inconstitucionales y punitivas.
En el centro del ICE de North Lake, en Baldwin, Michigan, familiares y defensores anunciaron en abril que cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre, negándose a comer y trabajar. El 14 de mayo, ACLU recogía declaraciones de varios detenidos que, bajo seudónimo, denunciaban negligencias en la atención médica necesaria. Un hombre falleció en diciembre mientras estaba en el centro, supuestamente por complicaciones derivadas de una diabetes no tratada durante la detención. “Aunque North Lake lleva abierto menos de un año, se han recibido reiterados informes sobre personas detenidas en el centro a las que se les ha denegado tanto la atención médica de urgencia como la rutinaria, la atención de seguimiento tras una hospitalización o el acceso a medicamentos recetados; o bien se les ha exigido pagar por medicamentos necesarios. El centro y su personal han incumplido de manera peligrosa tanto los mandatos constitucionales como las normas federales de detención, poniendo en grave riesgo la salud —e incluso la vida— de las personas allí detenidas”, decía la carta.
En muchos de los casos, la respuesta oficial ha sido negar la existencia de las huelgas y en otros, optar por las represalias. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, amenazó con dejar de procesar a los viajeros internacionales en el aeropuerto de Newark como consecuencia a las protestas de Delaney Hall. El zar de la frontera, Tom Homan, declaró la semana pasada en una entrevista a la cadena Fox que quienes realicen huelgas de hambre serán alimentados a la fuerza “si la situación se agrava lo suficiente”.
