Redaccion El Tequeno Los inversionistas globales siguen reticentes a firmar acuerdos en Venezuela pese a que el Gobierno encargado ha promulgado reformas favorables a las empresas respaldadas por Donald Trump, informaron a Reuters una docena de fuentes con conocimiento de las deliberaciones sobre inversiones del sector privado.
Los esfuerzos del país por atraer inversión extranjera en sectores tan diversos como el petróleo, el transporte marítimo, la industria farmacéutica y la producción química no han avanzado al ritmo esperado, ya que los inversionistas siguen desconfiando del sistema legal.
Seis inversionistas y seis miembros de firmas de asesoría afirmaron que posibles acuerdos se han estancado debido a la incertidumbre sobre la resolución de disputas, la independencia judicial, las expropiaciones del pasado, el arbitraje y los controles cambiarios, entre otros.
Tres de los inversionistas ya operan en Venezuela, y el resto está sopesando oportunidades en los sectores del transporte marítimo y los productos químicos.
En un evento de la industria petrolera celebrado en mayo, la ministra de Hidrocarburos Paula Henao señaló que la nueva ley de hidrocarburos incluye mecanismos para resolver disputas tanto dentro como fuera de Venezuela, pero los inversionistas siguen mostrándose cautelosos.
«La seguridad jurídica, en este momento, no existe», afirmó un abogado de una consultora que prefirió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. «Todavía existen riesgos para las empresas. Ante las ventajas competitivas del país -su ubicación geográfica y sus recursos naturales-, cada empresa debe decidir si invierte o no».
Muchos inversionistas también están preocupados por el mal estado de los puertos, los sistemas eléctricos, el suministro de agua y otras infraestructuras de Venezuela, tras años de falta de inversión.
«Los desafíos que enfrentamos actualmente no se deben tanto a las leyes como a la logística de hacer negocios en Venezuela», afirmó Jesse Cole, presidente de Sky Drop Capital.
La evaluación realizada por su empresa en el puerto de Guanta, en el oriente venezolano, reveló falta de refrigeración, un suministro eléctrico inestable, escasez de agua y ausencia de servicios confiables de transporte pesado, entre otros.
Esteban Elías, jefe del área de América Latina de la firma Leech Tishman, está asesorando a compañías, inversionistas y fondos. Dijo que el historial del país de expropiar activos extranjeros es motivo de especial preocupación en el mercado.
«Si pasó antes, ¿por qué no puede volver a pasar de nuevo?», dijo Elias, quien sin embargo destacó la «señal positiva» para los inversionistas que representa que Estados Unidos este involucrado en el proceso venezolano.
Trump ha elogiado repetidamente a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por abrir rápidamente los sectores petrolero y minero al capital extranjero.
Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo se implementarán las reformas introducidas por el Gobierno, dijeron las fuentes.
Más de 70 trabajadores de la petrolera estatal PDVSA permanecen encarcelados por cargos de corrupción presentados por el gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro, y un abogado que trabaja para la minera canadiense Gold Reserve está detenido desde 2023 acusado de traición a la patria.
Gold Reserve ha estado intentando reactivar un importante proyecto de extracción de oro en el país, mientras que otras empresas que ya operan en Venezuela están reevaluando su exposición, según inversionistas y asesores entrevistados por Reuters.
El Gobierno no ha revelado el número ni la magnitud de las posibles nuevas inversiones. El Ministerio de Comunicaciones no respondió a la solicitud de comentarios sobre las inquietudes de los inversionistas ni sobre las detenciones de los trabajadores de PDVSA y el abogado de Gold Reserve.
Un ejecutivo involucrado en proyectos mineros en el sur de Venezuela, que pidió permanecer en el anonimato, describió demoras en trámites administrativos básicos como la recepción de datos oficiales. Otro ejecutivo dijo que también hay retrasos en la obtención de visas.
Una fuente del sector portuario en el antiguo centro industrial de Valencia indicó que entre las preocupaciones de los inversionistas se encuentran los controles cambiarios, las dificultades con las importaciones y las leyes laborales.
«Este cambio no puedes hacerlo mañana, o en un año, necesitas políticas claras y procesos», dijo un ejecutivo farmacéutico indio que se reunió con funcionarios en Caracas y solicitó el anonimato, agregando que se requiere «seguridad de inversiones, en caso de un extranjero o empresa (esté) llegando, cómo invertir, y cómo asegurar» esas inversiones.
DETENCIONES Y DEBIDO PROCESO
Las disputas sin resolver que se remontan a dos décadas atrás también han obstaculizado los esfuerzos de Venezuela por atraer nuevo capital.
Empresas energéticas como ConocoPhillips han obtenido indemnizaciones multimillonarias en arbitrajes por expropiaciones pasadas. Sin embargo, una fuente en Caracas que ha asistido a reuniones con inversionistas comentó que «algunas compañías (…) tienen estrés postraumático».
Las detenciones de los trabajadores de PDVSA y del abogado de Gold Reserve, José Ignacio Moreno, ponen de relieve las razones por las que los inversionistas siguen mostrándose reticentes a confiar plenamente en las reformas del gobierno.
Según un expediente al que tuvo acceso Reuters, Venezuela detuvo al menos a 170 trabajadores de PDVSA entre junio de 2024 y junio de 2025 en el marco de una investigación por presunto contrabando de combustible. Las autoridades los acusaron de delitos como tráfico y lavado de dinero.
Muchos fueron liberados desde enero, pero al menos 78 permanecen encarcelados, según una asociación de sus familiares.
Tres familiares de los detenidos declararon a Reuters que refutan las acusaciones y describieron un acceso limitado a un abogado privado, supuestas coacciones durante los interrogatorios y la prohibición de que los acusados testifiquen en las audiencias, en caso de que estas se celebren.
Según el expediente del caso, de casi 400 páginas, las pruebas incluyen entrevistas con testigos anónimos realizadas por el temido grupo militar de contrainteligencia DGCIM.
El abogado de Gold Reserve permanece detenido desde 2023 acusado de traición, asociación criminal y conspiración, según fuentes cercanas al caso.
Tras pasar meses en una celda de aislamiento conocida como «la nevera» en la sede de DGCIM, fue trasladado a una prisión de gran dureza. Su situación preocupa a los inversionistas, quienes temen por la seguridad de los profesionales que trabajan para inversionistas extranjeros, dijeron dos analistas a Reuters.
Gold Reserve obtuvo una indemnización de aproximadamente 1.000 millones de dólares en un arbitraje contra Venezuela por la expropiación de activos mineros durante la ola de nacionalizaciones, pero aún intenta cobrar la totalidad los fondos. La empresa no respondió a la solicitud de comentarios.
Según fuentes cercanas al caso, Moreno fue detenido sin orden judicial tras las acusaciones de otro preso de que era miembro de la CIA y no ha visto a su abogado desde diciembre del año pasado. Su familia ha negado que haya cometido delito alguno.
Vía AlbertoNews
