Redaccion El Tequeno El Ministerio Público informó este miércoles que en el marco de una operación anticorrupción fueron judicializados 14 fiscales en el estado Carabobo, entre ellos el exfiscal superior de la entidad.
De acuerdo con el comunicado, la acción se llevó a cabo desde la madrugada y estuvo dirigida contra “elementos degradados del sistema de justicia”, lo que incluyó la imputación y judicialización de 14 fiscales en el estado Carabobo, entre ellos el exfiscal superior de esa entidad.
La institución señaló que esta operación, respaldada por un amplio apoyo popular, busca enfrentar la «corrupción y diversas conductas irregulares dentro del Estado, en particular dentro del propio Ministerio Público».
“El objetivo es reafirmar el compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos los funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad”, indicó el organismo.
En este sentido, el MP subrayó que la integridad del sistema de justicia es «clave» para la vigencia de la paz republicana y que medidas como esta representan “un histórico precedente en el hemisferio occidental”.
El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, el pasado viernes había informado sobre la imputación del exfiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo, junto a otros diez exfiscales. Los imputados fueron identificados como Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.
Asimismo, el martes, a través de una publicación en Instagram, el Ministerio Público identificó a dos de los exfuncionarios detenidos: Pedro Amaya, fiscal provisorio, y Freddy Franco, fiscal auxiliar, ambos adscritos a la Fiscalía 1ª del estado Carabobo.
Saab explicó que dichos exfuncionarios realizaron “acciones contrarias a sus cargos”, al mantener comunicación directa con el abogado Rafael Reyna, quien, según indicó, “exigía grandes cantidades de dinero” a las partes involucradas con el fin de “favorecerles en las investigaciones”.
Según la máxima autoridad del MP, todos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la administración de justicia, obtención de ventajas o beneficios económicos como funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir.
