La mañana del 26 de agosto de 2024, Nélida Sánchez salió de su casa en Los Teques sin saber que estaba siendo vigilada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Recibió una llamada de su expareja, quien le informó que había sufrido un infarto y estaba hospitalizado.
Sánchez condujo de inmediato hacia el centro médico. Al llegar, fue interceptada por dos agentes encubiertos que le indicaron que debía acompañarlos “en calidad de entrevistada”. Nunca regresó a su hogar.
Según relata su hija, la abogada Gabriela Hernández al medio argentino La Nación, todo fue una trampa. El exnovio de su madre había sido detenido un día antes y obligado a realizar la llamada como parte de un operativo de captura.
La activista fue trasladada a una comisaría y desde entonces permanece detenida en el centro de reclusión El Helicoide, en un área de máxima seguridad donde se encuentran decenas de presos políticos.
“Su celda no tiene ventanas. Una de las primeras cosas que nos pidió cuando logró comunicarse fue un reloj, para saber si era de día o de noche. Mi mamá no sabe cuándo llueve”, dice Hernández, de 32 años, quien se exilió en Argentina en febrero de 2025 tras recibir advertencias de no regresar a Venezuela. Ambas colaboraban como voluntarias en la organización civil Súmate, fundada en 2002 por María Corina Machado.
En el momento de la detención, Hernández se encontraba en Colombia por motivos laborales. La noticia la obligó a abandonar su país de forma repentina. Desde entonces, enfrenta el exilio y la incertidumbre sobre el destino de su madre, quien sigue sin acceso a su expediente judicial ni a garantías procesales básicas.
Vecinos, amigos y organizaciones de derechos humanos en Los Teques han exigido su liberación inmediata. Hasta la mañana del miércoles 20 de enero de 2026, la Plataforma Unitaria Democrática reportaba 166 excarcelaciones en todo el país, de un universo que supera el millar de presos políticos.
