Me hago esta pregunta y la comparto con los amables lectores, porque, tarde o temprano, el proceso de negociación que ahora parece estar avanzando bajo el aliento de varios países, de seguir progresando, muy pronto se encontrará de frente con algunas dificultades de considerable magnitud.
Dicen algunos calificados voceros de la diplomacia europea –por supuesto, en privado y no en declaraciones públicas– que, a diferencia de las numerosas oportunidades anteriores, cuando el régimen de Maduro simuló una cierta disposición a lograr un acuerdo, solo para ganar tiempo y sacar provecho propagandístico de su avenimiento con el diálogo, aun cuando fuese evidente que no tenía ninguna intención de lograr nada por ese camino, dicen algunos voceros de la diplomacia europea –repito–, que esta vez las cosas son distintas: que representantes de Maduro (no del régimen, cuidado) tienen verdadero interés en buscar una “solución” a la crisis venezolana. Insisto: no lo digo yo, sino que lo afirman diplomáticos europeos.
Así, las elecciones regionales y sus resultados, previstos desde ahora por los mecanismos de control que el poder tiene sobre el Consejo Nacional Electoral, sería la única prenda de algún valor que el régimen está dispuesto a entregar en esta etapa, aunque se entiende, y esto está claramente dibujado en la estrategia de Juan Guaidó y su equipo, que las regionales no son sino el requisito preliminar rumbo hacia el verdadero objetivo de la oposición democrática, que es lograr unas elecciones presidenciales libres, transparentes y justas.
En principio, si la negociación progresara y no se hiciera trizas en cualquiera de sus recodos, lo que ocurrirá es que a la oposición se le reconocerán algunos triunfos electorales –4 o 5 gobernaciones y unas 30 a 40 alcaldías–, mientras el régimen, que acumula un rechazo superior a 85% en todas las regiones del país, se fabricará un triunfo fraudulento y aplastante, que será legitimado por los triunfos-migaja que se le concederán a los opositores, que le servirán para proclamar que el sistema electoral ha funcionado correctamente. Esto, hasta aquí, forma parte de la escena prevista que, llamativamente, gana terreno como sacrificio inevitable, como el precio que los demócratas debemos pagar para conseguir unas elecciones en las que un candidato opositor, que represente a la inmensa mayoría de los venezolanos que quiere un cambio político, enfrente al candidato del régimen, sea Maduro, Jorge Rodríguez o cualquier otro.
El meollo de toda esta especulación está en la pregunta sobre qué es lo que realmente quiere el régimen, cuando se habla de alivio, de disminución o de eliminación de las sanciones.
Hasta ahora, los mecanismos de propaganda del régimen han sostenido que las sanciones forman parte de una guerra económica, cuya víctima es el pueblo venezolano. Sanciones que afectan a personas específicas son falsamente presentadas como un ataque al país y a la sociedad. Incluso en el caso de los que están señalados o investigados por delitos vinculados al narcotráfico, la corrupción o el lavado de dinero.
Pero, como bien sabemos, los padecimientos que han castigado a la sociedad venezolana en los últimos años, o existían antes de las sanciones, o no tienen relación con ella. Baste con señalar que, desde hace cinco años, la hiperinflación ha sido el principal castigo infligido a las familias venezolanas, y eso es el resultado de una fosa construida, paso a paso, por el régimen, tanto por Chávez como por Maduro.
Entonces, ¿por qué el régimen insiste tanto en el levantamiento de las sanciones? ¿A qué se refieren exactamente? Esto no ha sido aclarado, debidamente, entre otras razones, porque forma parte de la lógica de toda negociación, proteger los asuntos que se están debatiendo.
Pero, y qué pasará cuando quede claro que el régimen tiene dos objetivos, uno vinculado al otro: mantenerse en el poder y, de no poder conseguirlo, lograr la impunidad. Para lograr la impunidad trabaja ahora mismo el fiscal del régimen, el fiscal que ha hecho silencio ante miles de atropellos contra los derechos humanos, asesinatos en protestas, ejecuciones sumarias, torturas y demás. Ese fiscal es el que ahora anda apurado enviando informes para desmentir los hechos e intentar convencer a la Corte Penal Internacional de que las denuncias son un invento, una confabulación de diversos actores, incluyendo a los medios de comunicación.
El quid de la cuestión es si una suspensión de las sanciones contaría con la participación de la DEA y de la Corte Penal Internacional. Es decir, si crímenes de lesa humanidad y delitos como el narcotráfico podrían ser aparcados, dejados de lado, en favor de un acuerdo que permita dar inicio a una nueva fase democrática para Venezuela. Si esto fuese así, ¿a cuántas personas habría que otorgar inmunidad?
Si es cierto que Maduro estaría dispuesto a dejar el poder, a cambio de inmunidad para él y su familia, y de un lugar para vivir en Turquía, protegido por el régimen de Erdogan, ¿qué pasará con Cabello? Esa es la cuestión medular: Cabello ha asumido que el territorio venezolano es su guarida. Y, además, una guarida muy bien protegida por militares, paramilitares, policías, guardaespaldas y jueces.
Si todo lo anterior llegase a cumplirse, cerradas las maletas, las propias y las de la primera combatiente, todo listo para la partida, ¿qué hará Maduro cuando tropiece con Cabello? ¿Le cederá un asiento en el vuelo rumbo a Estambul o dejará el asunto en manos de la DEA?
Miguel Henrique Otero
