Redaccion El Tequeno Más de una semana después de que el presidente Donald Trump anunciara que el ejército estadounidense había hecho estallar un barco frente a las costas de Venezuela, la operación, que cobró la vida de 11 personas, sigue siendo un misterio para muchos en Washington.
El equipo de Trump publicó un video del ataque del 2 de septiembre y afirmó que en él murieron miembros de una banda venezolana que transportaba drogas. Sin embargo, las autoridades no han identificado quiénes estaban a bordo, qué drogas ilícitas llevaba el barco ni cómo se llevó a cabo el ataque.
Algunos expertos cuestionaron si la decisión de ejecutar sumariamente a personas por la simple sospecha de tráfico de drogas violaba el derecho internacional. El tráfico de sustancias ilegales no suele considerarse un delito capital.
Las autoridades han dado versiones variables sobre el destino del barco. Poco después del ataque, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la prensa que el barco probablemente se dirigía a Trinidad y Tobago, y Trump afirmó que se dirigía a Estados Unidos. Rubio modificó posteriormente su comentario.
Rompiendo con la tradición, el Congreso no recibió información durante la semana posterior al ataque, más allá de una notificación escrita obligatoria por ley. Esto enfureció a los legisladores demócratas, y los analistas lo calificaron de inusual.
«Normalmente, se observa una intervención mucho más firme» por parte de una administración presidencial, afirmó Scott Anderson, investigador en estudios de gobernanza en Brookings Institution. «Una semana después, si aún no han dado un informe sobre lo sucedido y el motivo… es extraño».
Los críticos afirmaron que la acción en aguas internacionales fue el ejemplo más reciente de cómo Trump está poniendo a prueba los límites de la ley al ampliar el alcance del poder presidencial. La Constitución de Estados Unidos exige que el Congreso, no el presidente, declare la guerra.
En la notificación al Congreso, Trump citó la muerte de decenas de miles de estadounidenses a causa del narcotráfico y afirmó que el buque «fue evaluado como afiliado a una organización terrorista designada y como involucrado en actividades ilícitas de narcotráfico».
Trump ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de dirigir la banda del Tren de Aragua, a la que Washington ha designado como organización terrorista. Maduro ha negado cualquier conexión con la banda, y Caracas afirma que fue inactivada hace dos años.
Sin embargo, los expertos afirmaron que la explicación de Trump no abordó las preocupaciones de que el ataque violara el derecho internacional. Señalaron que hubo civiles muertos, mientras que el gobierno de Trump no proporcionó pruebas del transporte del buque ni demostró que quienes estaban a bordo amenazaran con un ataque armado.
«Usar la palabra ‘terrorista’ no cambia los hechos», declaró Tess Bridgeman, coeditora jefa de Just Security e investigadora principal de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York, en una publicación en redes sociales.
«Si esto es lo que parece —sentar las bases para el uso de la fuerza en Venezuela, o en otros lugares, sin consentimiento—, podría presagiar una guerra ilegal e innecesaria por decisión propia», escribió.
Los detalles imprecisos sobre la muerte de los presuntos miembros del cártel contrastaron con la forma en que el gobierno de Trump ha manejado otras acciones militares, incluso desde el inicio de su segundo mandato en enero.
