32 pasajeros y 3 tripulantes abordaron el 7 de junio de 2019 una embarcación tipo peñero con 2 motores fuera de borda en Puerto Agüide en el estado Falcón, para hacer el recorrido de 85 millas náuticas e ingresar ilegalmente a la vecina Curazao. Varias horas después del zarpe, los familiares perdieron el contacto y hasta el día de hoy se desconoce qué pasó con estos ciudadanos.
“Nuestros familiares tomaron la mala decisión de irse a Curazao, había 10 mujeres en la embarcación y 3 adolescentes de 14, 16, y 17 años de edad”, recuerdan los familiares de los pasajeros del peñero, cuyo nombre y matricula aún no están del todo claros.
2 años después de estos hechos, 33 personas que iban a bordo del bote continúan desaparecidas. Pese a que el incidente fue calificado inicialmente como naufragio, hasta ahora solo se ha encontrado el cuerpo Elio Ramones (45 años de edad), uno de los pasajeros del peñero, que fue hallado muerto por las autoridades de Curazao el domingo 12 de junio en la zona de Bullenbaai (Bahía de Bullen), al sur de la isla.
Los familiares de los desaparecidos informaron a Provea que el Ministerio Público y los Tribunales tampoco han actuado diligentemente para investigar los hechos y determinar responsabilidades. Añaden que los tripulantes de la embarcación y miembros de cuerpos de seguridad de la región, estarían involucrados en delitos relacionados con el tráfico de personas.
“Hasta ahora hay dos personas detenidas conocidas como los hermanos Picapiedras por su supuesta vinculación en los hechos, pero ha habido 8 diferimientos para celebrar la audiencia preliminar y una increíble incompetencia por parte de los fiscales del Ministerio Público. Tampoco sabemos las diligencias de rastreo y búsqueda de nuestros parientes”, dijo un familiar a la ONG.
Fundaredes indicó que al menos 150 personas desaparecieron tras abordar 3 embarcaciones en 2019. Además de este peñero cuyo nombre es desconocido, también se desconoce el paradero de quienes viajaban en la embarcación Ana María desde Güiria a Trinidad y Tobago el 16 de mayo de 2019, y de los pasajeros del Jhonnayli José.
Las semejanzas entre los tres casos de desapariciones en altamar ocurridos durante 2019, cimientan las sospechas de los familiares sobre la existencia de una red vinculada a la trata de personas, que se aprovecha de cientos de personas que huyen del hambre y la pobreza en Venezuela.
