Redaccion El Tequeno Un grupo de profesores, trabajadores y jubilados se acercó a la sede del Tribunal Supremo Justicia (TSJ) para exigir una respuesta a la demanda introducida en la Sala Constitucional sobre la omisión de un aumento de salarios.
De acuerdo con los gremios, la acción judicial busca que se establezcan mecanismos que permitan un ajuste salarial acorde al costo de la vida, así como la recuperación del poder adquisitivo perdido por trabajadores del sector educación y otros servicios públicos.
Dick Guanique, integrante del Comité Ejecutivo de la CTV recordó que el recurso fue presentado el pasado 2 de febrero.
«Ellos tenían cinco días para dar respuesta y han pasado dos meses y todavía no nos han respondido. Hemos venido a exigirle al TSJ que diga qué ha pasado. Necesitamos una respuesta porque van cuatro años sin un aumento salarial».
Los dirigentes sindicales señalaron que la situación se ha vuelto insostenible, ya que los salarios actuales no cubren necesidades básicas como alimentación, transporte y salud. “No se trata de un aumento, se trata de dignidad”, reiteraron voceros del sector docente durante la jornada de protesta.
Asimismo, los trabajadores advirtieron que continuarán con las acciones de calle y las presiones institucionales hasta obtener una respuesta del TSJ, al que acusan de mantener en espera una demanda que consideran “urgente y estructural”.
La exigencia se suma a una serie de protestas recientes del sector educativo y laboral en distintas regiones del país, donde los gremios han reiterado su reclamo por mejores condiciones salariales y laborales.
El abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que entregaron un documento exigiendo un pronunciamiento del máximo tribunal.
«Esperamos cuatro años (sin aumentos), presentamos al Tribunal Supremo de Justicia esta demanda de aumento salarial (…), pero a pesar de ello, la Sala Constitucional nada ha dicho», afirmó el académico desde las afueras del TSJ, donde el grupo de manifestantes protestó con pancartas y gritando consignas.
Apitz subrayó que la petición es el cumplimiento de la Constitución, que en su artículo 91 establece que el salario mínimo debe ser ajustado cada año, tomando «como una de las referencias» el costo de la canasta básica.
«Tan ilegítimo es estar en la Presidencia de la República sin los votos, como estar en este tribunal y no responderle a los justiciables», aseguró el jurista, quien formó parte de la comisión de trabajadores que consignó el escrito ante la Justicia.
Por su parte, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, señaló que el Estado está recibiendo «ingresos extraordinarios de forma sostenida», tras la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, que los trabajadores no han recibido.
En este sentido, apuntó que el Estado debe «reformularse» y criticó que haya «34 ministerios», cada uno con «hasta dos y tres viceministros», lo que suma «casi cien trabajadores en tren ministerial de nómina mayor».
«Hay recursos en este país. No puede ser que el único que tiene que ahorrarse algo en esta crisis sean los trabajadores», cuestionó.
Ambos voceros afirmaron que seguirán las protestas si las autoridades no toman medidas.
La semana pasada, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial que, subrayó, será «responsable», pero no especificó montos ni aclaró si se trata del sueldo mínimo o de las bonificaciones que reciben los trabajadores públicos.
El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes. De acuerdo al tipo de cambio oficial, este miércoles esta cantidad equivale a 27 centavos de dólar.
Los bonos gubernamentales con que se complementan los ingresos a empleados públicos suman unos 190 dólares, un monto que no incide en utilidades, vacaciones ni demás derechos laborales.
Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha sobre comicios en el país.
Con información de EFE
