Nunca ha sido grande. Pero chavismo y oposición revirtieron el progreso en cargos electos que desde 1989 había ido haciendo justicia a las mujeres. La prueba: las regionales de 2021.
Si hacemos el experimento de introducir las palabras “candidatas femeninas Venezuela 2021” en el buscador de Google, la barra de búsqueda automáticamente se completa con otras sugerencias basadas en búsquedas anteriores: “Miss Venezuela”, “Miss Universo”, “Nuestra Belleza Latina”.
Ninguna de las opciones autocompletadas incluye palabras referentes a las mujeres que participaron en el proceso electoral de finales de noviembre. La invisibilización automática en una simple búsqueda por internet funge como analogía de un problema mayor: la falta de oportunidades debido al machismo.
Con el anuncio de unas elecciones regionales con condiciones prometedoras —como un Consejo Nacional Electoral (CNE) mixto con rectores de la sociedad civil y de la oposición, la participación de partidos opositores tras años de abstención y la presencia de una misión diplomática de la Unión Europea como observadores—, las expectativas sobre estos comicios eran tangibles para los actores políticos que participaron en ellos. En la sociedad venezolana, debieron incluir paridad de género en las instancias locales y regionales de gobierno. Pero aunque la normativa electoral de cuotas paritarias obligatorias en las candidaturas no fue respetada, los grupos políticos que incumplieron las normativas no sufrieron sanciones.
Impulsar liderazgos femeninos dentro de la oposición aparece como una deuda pendiente, mientras que en el chavismo se enorgullecen de las cuotas alcanzadas, que, si bien son más altas, tampoco cumplen con la estadística requerida.
Las estrategias para incluir a la mujer en la política tienen un carácter apenas simbólico, únicamente para dar muestras de una paridad que no existe. Se evidencian, por ejemplo, prácticas partidistas como la creación de espacios donde las mujeres tienen un papel de segunda y no una verdadera capacidad de incidir en decisiones políticas. Los vacíos en la normativa son aprovechados por los partidos para ver la igualdad o la paridad como “sugerencia” en vez de como norma.
La descentralización política: un camino truncado
Los venezolanos empezaron a elegir gobernadores, alcaldes y demás autoridades regionales por primera vez en 1989. Antes de eso, solo cuatro mujeres fueron designadas por el Ejecutivo en el cargo de gobernadoras: Carmen Morales en Apure (1970-1972), Dori Parra en Lara (1975-1977), Dora Maldonado en Trujllo (1979-1984) y Luisa Teresa Pacheco en Táchira (1984-1989). Solo hubo una candidata presidencial en esos 28 años: Ismenia Villalba, esposa del histórico dirigente de la URD, Jóvito Villalba, en 1988.
Gracias, en parte, a la celebración de elecciones en todos los niveles, Venezuela presenció durante la década de 1990 un rápido crecimiento en la participación de las mujeres en la política regional. Para 1992 era el país con un mayor porcentaje de mujeres (16,4 %) en los concejos municipales de América Latina. En 1998, tenía un porcentaje superior a la media de mujeres alcaldesas de América Latina (6,7 %), solo superada por Nicaragua, Panamá, Honduras, Chile y El Salvador. Tres mujeres optaron por la presidencia, aunque solo una tuvo verdaderas opciones de ganar las elecciones: Rhona Ottolina y Carmen de González en 1993 e Irene Sáez en 1998.
Al cierre de la década parecía que se estaba yendo en la dirección correcta para igualar la cuota de participación de las mujeres en la política venezolana. “Para el año 2000, Venezuela era uno de los países de la región que tenía más mujeres en cargos de elección popular”, dice Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales. “Luego esa proporción de mujeres en cargos de elección popular ha caído significativamente hasta llegar al punto de que Venezuela se ha convertido en uno de los países donde menos mujeres ocupan este tipo de posiciones”.
Los principales liderazgos en los partidos nuevos, que pronto serían la principal oposición al gobierno de Chávez, eran en su mayoría masculinos. Para el momento en el cual se reformaron las estructuras partidistas y las fuerzas de oposición se agruparon en la MUD, la prioridad parecía ser una sola: hacer frente a la popularidad de Hugo Chávez. Otras cuestiones, como el fomento de políticas paritarias de género o el surgimiento de nuevos liderazgos juveniles parecieron quedar en segundo plano o, directamente, ni plantearse.
La inacción como acto político
En Venezuela no hay leyes que legislen la participación femenina en la política y que garanticen una representación justa en el país. Ha sido un tema históricamente omitido y que se ha atenuado con normativas y resoluciones sin carácter punible que terminan siendo sugerencias más que normas.
“La Asamblea está llamada a establecer por vía legal esas equivalencias en los derechos de la mujer y esas claves de participación política (…) pero tenemos un problema de institucionalización muy importante que agrava el logro de todos estos objetivos”, indicó Eglée González Lobato, exconsultora jurídica del CNE y exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central (UCV).
La responsabilidad de garantizar la paridad de género es del CNE, quien ha emitido normativas en donde se exigen cuotas paritarias en las candidaturas. Eugenio Martínez indicó que la normativa vista por sí sola pareciera una decisión acertada. “Sin embargo, la norma no resuelve el problema de la representación de la mujer en cargos de elección popular”, agregó.
Para las elecciones parlamentarias de 2015, en las cuales la oposición ganó la mayoría de los escaños, el CNE exigió una postulación paritaria del 50 %, pero solo un 22 % de las diputadas electas fueron mujeres. Lo mismo ocurrió en las elecciones de 2020, en las cuales, pese a que la misma normativa se mantuvo, solo un 32 % del actual cuerpo legislativo son diputadas. El 21 de noviembre, el CNE anunció nuevamente la norma de paridad. En general y a nivel nacional, solo hubo un 16 % de postulaciones femeninas.
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