Las carencias en los servicios públicos, la violación de los derechos humanos y bajos salarios han hecho que durante el primer trimestre los larenses no se queden de brazos cruzados y salgan a exigir sus derechos.
En el período de enero a marzo de 2022, Lara contabilizó 41 acciones de calle protagonizada por habitantes de diferentes comunidades exigiendo mejoras en los servicios básicos, las cuales reúnen mayor número de manifestaciones. El principal clamor fue por agua potable, llegando a sumar 14, según las cifras que a diario lleva LA PRENSA DE LARA.
Ciudadanos de distintos sectores de Barquisimeto, sobre todo los que se ubican al oeste de la ciudad, se concentraron en plazas emblemáticas como la Pedro León Torres, también conocida como La Moneda, para mostrar su descontento ante la falta de agua potable. Asimismo, pedir información a la gobernación de lo que ocurre con el sistema hidráulico para conocer el porqué ha dejado de llegar agua por tuberías.
El movimiento «Unidos por el Agua y los Derechos Humanos», conformada por 55 sectores de Iribarren y Palavecino, registra que padecen a diario por las múltiples deficiencias en el suministro de agua potable, lo que los ha obligado a pagar a cisterneros, cuyas pipas las venden entre 1 y 2 dólares, o incluso buscar agua en pozos, como es el caso de Bobare, donde los habitantes deben caminar 7 km para abastecerse, pues sólo un 15% de la población recibe el vital líquido por tuberías, el cual no está apto para el consumo porque es salado.
En un segundo lugar de protestas se ubican los trabajadores de la administración pública, pensionados y jubilados sumando 11, estos exigen reivindicaciones salariales y denuncian las deplorables condiciones en las que laboran y que incluso han sentido que subsidian a la nación al tener que buscar otras actividades económicas para cumplir con la asistencia y así llegar a sus puestos de trabajo. Las demás manifestaciones se trataron de comerciantes formales e informales, estudiantes y cisterneros.
Violan los derechos
La socióloga y coordinadora de Transparencia Ciudadana, Yonaide Sánchez, aseguró que los larenses se han volcado a las calles a exigir sus derechos, pero estos son violentados al no recibir respuestas pertinentes.
«En los últimos dos años vemos cómo la protesta política ha sido sustituida por la protesta ciudadana, en especial con agua, luz y gas. El Estado está violando los derechos de los ciudadanos e incumpliendo sus obligaciones al no dar respuestas a los ciudadanos que los solicitan… tenemos un país lleno de opacidad», aseguró.
La politólogo, Marisol Bustamante, resaltó que el Gobierno estaría dando respuestas de manera indirecta, debido a que hace caso omiso a las solicitudes de las organizaciones; sin embargo, el Gobierno paga publicidad para informar la reparación de averías que al final no representan una solución efectiva.
