Redaccion El Tequeno Cuando un juez federal falló la semana pasada que los venezolanos podían renovar su protección migratoria temporal en Estados Unidos, tras meses de litigio con el Gobierno de Donald Trump, apenas unas 20 personas se reunieron para celebrar afuera del restaurante el Arepazo, en Doral, Florida, un punto neurálgico del mayor enclave de venezolanos en el país.
“En condiciones normales, ibas a ver 2.000 personas aquí en el Arepazo. Cuando se murió [Hugo] Chávez, vinieron 2.500, trancaron las calles. Eso demuestra que la gente, a pesar de la decisión del juez, no está tan segura y dice: ‘Mejor me quedo en mi casa, no me voy a arriesgar a que me agarre la policía y me saquen de aquí’. Hay miedo”, dice José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), mientras toma un café en ese restaurante, el único en la región con una estatua de Simón Bolívar.
La diáspora venezolana ha visto en los últimos meses cómo el Gobierno que apoyaron parece haberlos abandonado. La Administración Trump les ha tratado de quitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), ha cancelado programas migratorios humanitarios que permitían a cientos de miles vivir y trabajar legalmente en el país, y las autoridades están deteniendo en las cortes de Inmigración a quienes buscan asilo, mientras la narrativa oficial que los asocia con el Tren de Aragua los estigmatiza. Al mismo tiempo, el presidente Trump se ha puesto en pie de guerra contra el régimen de Maduro con el envío de una flotilla de buques al límite de las aguas territoriales venezolanas y ha elevado la tensión con Venezuela a su máximo punto en años. En el contexto actual, los venezolanos en Estados Unidos son presentados a la vez como víctimas del chavismo y como criminales en tierras estadounidenses.
En Doral, una ciudad de unos 40.000 kilómetros cuadrados al noroeste de Miami donde una de cada tres personas es de origen venezolano, la política migratoria de Trump ha sido una píldora difícil de tragar. La mayoría de los votantes de la joven ciudad están afiliados al Partido Republicano, según cifras del Departamento de Elecciones de Miami-Dade. Muchos patrocinaron familiares bajo los programas del Gobierno de Biden, que ahora han tenido que marcharse o están escondidos con miedo a ser arrestados. Otros llevan décadas en el país y han realizado activismo contra el régimen de Nicolás Maduro, lo que los expondría a un riesgo grave de persecución o represalias en caso de ser deportados. Y todos observan perplejos cómo Estados Unidos despliega destructores para enfrentar el narcotráfico frente a las costas de su país, al que igualmente afirma que es seguro regresar.
“Es completamente traumático. Una cosa es buscar al indocumentado y otra cosa es dejar a la gente en situación de ilegalidad”, dice Colina. “No nos están viendo como una comunidad que está afectada por problemas políticos, sino como un número de migrantes que pueden ser deportados para cumplir una promesa electoral. La comunidad venezolana que votó por él, votó para que sacara a [Nicolás] Maduro del poder, no para que sacara a los venezolanos de Estados Unidos”.
El TPS permite a personas de países que se encuentran en condiciones excepcionales, como desastres naturales o crisis humanitarias, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, y debe ser renovado cada 18 meses. Unos 250.000 venezolanos recibieron TPS en 2021, entre ellos Colina, después de abogar por años por una protección para quienes habían huido del chavismo y les era imposible regresar, mientras sus casos de asilo avanzaban a cuentagotas en las cortes migratorias.
Otros 350.000 recibieron la protección en 2023, cuando Estados Unidos concluyó que en Venezuela persistían “condiciones extraordinarias” y volvió a designar los ciudadnos del país aptos para el TPS. Antes de terminar su Gobierno, el expresidente Biden extendió el TPS para ambos grupos hasta 2026, pero en enero, la Administración Trump revirtió esa medida. Grupos pro inmigrantes demandaron, desatando una batalla legal contra el Gobierno. El juez federal Edward Chen bloqueó la medida en marzo. En mayo, el Gobierno pidió al Tribunal Supremo intervenir. La Corte dijo que el Gobierno tenía autoridad para terminar el TPS, pero no suspendió los litigios ni el caso de Chen. La semana pasada, Chen falló que la movida del Gobierno para eliminar el TPS era ilegal.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró en un correo electrónico a EL PAÍS que el TPS “nunca se concibió como un programa de amnistía de facto”, y que “la Administración Biden explotó los programas de TPS para permitir la entrada al país de migrantes mal verificados —desde miembros de la pandilla MS-13 hasta terroristas y asesinos conocidos”. Sin embargo, paradojicamente, el Departamento de Estado advierte a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por el “alto riesgo” de inseguridad, como detenciones arbitrarias, terrorismo o secuestros, así como disturbios y criminalidad.
Johanna, una venezolana que llegó en 2021 y pidió no revelar su identidad por temor a represalias de las autoridades de inmigración, dice que ha vivido con angustia la zozobra del TPS en la corte, y que, aunque solicitó la extensión, ha perdido la fe en el sistema. “Hay que ver si el Gobierno va a respetar la decisión” del juez, apunta. Dice que en Doral, donde trabaja como mesera en un restaurante, hay mucho miedo, y que cuando va en el auto con su hijo de ocho años, el niño mira por la ventana buscando si hay policías, para alertarle, por temor a que los paren.
Tras el fallo del juez, muchos se apresuraron a renovar sus TPS antes de que expirara el plazo el miércoles, pero la página web no permitía realizar los trámites, generando confusión y pánico. Este viernes el mismo juez ha dictado que se debe reestablecer el servidio de renovación.
Las decisiones de esta semana del juez Chen tomaron a muchos por sorpresa. “Ya mucha gente había abandonado el país”, decepcionados o con pesimismo, indica Isamar Torres, una venezolana de 35 años que llegó a Estados Unidos en 2016 y tiene un negocio de preparación de formularios en Doral, quien opina que el Gobierno está tratando de “limpiar” lo que hizo la Administración anterior.
“Quieren buscar a cada persona, sin importar la nacionalidad, y sacarlo. El problema de ellos es que Venezuela tiene un TPS y esa persona no puede ser deportada”, dice. A muchos que entraron por la frontera “no se le hizo el debido proceso por tanta cantidad de personas que transitaban”, y de esa forma “entraron muchos delincuentes. Porque para nadie es un secreto que el régimen de Nicolás Maduro abrió todas las cárceles”, agrega, repitiendo un argumento que ha hecho Trump en numerosas ocasiones sin pruebas.
Torres indica que la mayoría de las registraciones de TPS que han hecho últimamente son “del 2021, de esa gente que ya tienen muchos años aquí”. Algunos tienen varios procesos migratorios, incluyendo solicitudes de asilo, por eso “esperaron a última hora” para renovar el TPS. No obstante, algunos han preferido marcharse. El miércoles recibió a un cliente que tenía pasaje para regresar a Venezuela el viernes. “Dice que tiene miedo y antes de que lo deporten, prefiere irse. Es una persona decente, pagó sus impuestos al día todos los años que estuvo aquí. Nunca tuvo una multa”, asegura Torres.
