La respuesta legal y la actuación de las autoridades ha sido cuestionada, no solo porque expone a niños, niñas y adolescentes, sino porque la regulación no se enfoca en las complejidades que implica el fenómeno del acoso en el entorno escolar.
Una seguidilla de anuncios oficiales a través de su cuenta en Twitter, por parte del fiscal general Tarek William Saab y el Ministerio Público (MP) sobre varios casos de adolescentes imputados, directivos de colegios en investigación y procesos abiertos por situaciones de acoso escolar han puesto de nuevo en el foco un problema de larga data que ha sido invisibilizado por años: el acoso escolar, bullying o también popularmente conocido como «chalequeo», que forma parte de las dinámicas escolares como un problema estructural, muy desatendido y marcado por la violencia como forma de respuesta.
Todo esto ocurre a propósito de la presentación y discusión legislativa del Anteproyecto de Ley para prevenir el acoso escolar, emanado por la Asamblea Nacional de 2020, una propuesta normativa de la cual ya instituciones especializadas en el tema de protección a la infancia como Cecodap alertaron que el documento “resulta ambiguo, impreciso y con vacíos legales”.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización, dijo que el pasado 28 de marzo, el vicepresidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, Rubén Limas, le solicitó las observaciones al anteproyecto de ley. “Hicimos anotaciones sobre el objeto de la ley, el por qué y para qué. Vemos que la redacción está planteada de forma general y no va de la mano con las complejidades que encierra el fenómeno del acoso escolar”, explicó Trapani.
Además de la Ley, la preocupación desde distintas organizaciones apuntó a la manera en la cual inicialmente procedió el titular de la Fiscalía: la exposición a través de redes sociales con nombres y apellidos de menores de edad presuntamente involucrados. Un caso en Guayana, otro en Zulia y otro en Distrito Capital en menos de una semana.
Atacar un problema con otro problema
Arturo Peraza, rector del Colegio Loyola Gumilla, explicó que «lo que hizo el Fiscal es un atropello porque saca de quicio un proceso educativo y lo pone en un proceso de criminalización. Desde el principio expone a los dos menores lo que supone una violación del artículo 65 de la Lopnna porque los expone al escarnio público y no contento con ello reincide en la conducta poniendo el nombre y apellido de uno de los menores que aparece como imputado y además de ello, la ubicación de ese menor, lo que es un agravante».
Peraza expresó que esta acción revela que: «para cuidar una situación de bullying, el mismo fiscal general de la República comete una situación que supone agresiones morales y verbales sobre los dos menores».
A través de videos, Saab denunció los casos ocurridos en los colegios Loyola Gumilla en Puerto Ordaz, luego en el Teresiano de El Paraíso, en Caracas, y en Los Angelitos en Maracaibo, en los cuales se registraron hechos de violencia y acoso contra estudiantes de estas instituciones por parte de otros compañeros.
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