Redaccion El Tequeno La presunta desaparición de más de 1,1 millones de dólares invertidos en una casa de bolsa venezolana ha dado origen a una investigación penal y comienza a generar inquietud dentro del mercado financiero del país.
La odontóloga venezolana Danae Pacheco Vásquez denunció formalmente la desaparición de USD 1.145.039,39, recursos que fueron transferidos en 2014 a la firma Valoralta Casa de Bolsa con el objetivo de invertirlos en bonos de la República Bolivariana de Venezuela.
De acuerdo con la denuncia, la operación habría sido coordinada por Mauricio Andarcia, quien para ese momento se desempeñaba como director de la casa de bolsa, junto con Samuel Levy y Domingo Amaro.
Inversión proveniente de la venta de una clínica
El capital invertido provenía de la venta de una clínica privada que la doctora había desarrollado durante más de veinte años de ejercicio profesional. El centro médico contaba con servicios de hospitalización, cirugía y maternidad.
Según la documentación presentada por la denunciante ante distintas instituciones, los compradores de la clínica realizaron tres transferencias internacionales siguiendo instrucciones del entonces directivo de la casa de bolsa. El monto total transferido ascendió a USD 1.145.039,39.
Durante los primeros años, la relación comercial aparentemente transcurrió sin inconvenientes.
Solicitud de devolución y retrasos
Sin embargo, en enero de 2021 la inversionista solicitó formalmente la liquidación de la inversión y la devolución de su capital con el objetivo de destinar los recursos a nuevos proyectos financieros.
A partir de ese momento —según su relato— comenzaron retrasos reiterados y promesas de pago que no se concretaron.
La denunciante afirma haber sostenido al menos siete reuniones con representantes de la institución en la sede de la empresa, ubicada en la avenida Rómulo Gallegos de Caracas. En esos encuentros, asegura, se le ofrecieron distintos mecanismos para devolver los fondos, los cuales nunca se materializaron.
Con el paso del tiempo, la situación se habría agravado. Según la afectada, la empresa dejó de responder llamadas y comunicaciones e incluso se le habría impedido el acceso a las oficinas de la firma.
Reclamos ante organismos del Estado
Ante la imposibilidad de recuperar los recursos por vía directa, la doctora Pacheco acudió a la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), donde presentó un reclamo formal.
La denunciante sostiene que no obtuvo una respuesta efectiva del organismo regulador que permitiera esclarecer el destino de los fondos.
Posteriormente decidió presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público de Venezuela, lo que dio origen a una investigación formal que —según afirma— ya supera el año de duración.
De acuerdo con la afectada, la Fiscalía ha adelantado diligencias para esclarecer los hechos.
Comunicación al gremio financiero
Paralelamente, la profesional envió una comunicación a la Cámara Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores con el objetivo de poner en conocimiento del gremio lo ocurrido con su inversión.
En el documento solicita que la institución evalúe el caso dentro de sus competencias y contribuya al esclarecimiento del destino de los recursos transferidos a través de Valoralta Casa de Bolsa.
Un patrimonio en disputa
El monto comprometido representa la totalidad del patrimonio generado por la profesional durante más de dos décadas de trabajo.
Hasta la fecha, la denunciante asegura no haber recibido la devolución del capital ni una explicación documentada sobre el destino final de los recursos.
El caso avanza ahora en dos frentes: por un lado, la investigación penal que adelanta el Ministerio Público y, por otro, la exposición del caso ante organismos vinculados al sistema financiero.
En un mercado donde la confianza constituye uno de los principales activos, situaciones de esta naturaleza reavivan el debate sobre los mecanismos de control, transparencia y protección del inversionista dentro del sistema de intermediación de valores en Venezuela.
Mientras las investigaciones continúan, la denunciante afirma que seguirá adelante con las acciones legales necesarias hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y la eventual recuperación de los fondos.
