Mientras los combates entre la Guardia Nacional de Venezuela y disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, se prolonga el éxodo obligado de la población civil hacia el municipio colombiano de Arauquita, donde las autoridades, con el apoyo de organizaciones internacionales, realizan ingentes esfuerzos para atender la emergencia humanitaria.
Por Manuel Arias Naranjo / vozdeamerica.com
Elena Jaimes, comandante del Cuerpo de Bomberos de esta población señaló que tienen “un reporte de más de 5.000 personas, que comprenden 1.400 familias, y nuestra capacidad en los refugios está quedando corta”.
Jaimes explica que día a día continúan llegando más familias desplazadas, porque los enfrentamientos, del otro lado de la frontera, no han parado desde hace 10 días.
“Aún se escuchan los combates desde aquí porque la distancia que nos separa es como cien metros, la distancia del río”, sostiene.
Camilo Gonzales Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, manifestó al ser consultado por la Voz de América que la ruptura de acuerdos tácitos entre los grupos armados ilegales que se disputan el control de la zona de fronteras y las fuerzas militares venezolanas fueron el detonante de la confrontación en el estado de Apure, con una fuerte afectación para la población civil.
Para el defensor de derechos humanos, la arremetida de Venezuela contra un sector de la disidencia se puede interpretar como un mensaje del Gobierno de Nicolás Maduro a Colombia y a Estados Unidos, sobre su poderío militar.
“La desproporción aparente o real de la reacción venezolana no es por el combate a un pequeño grupo, es una demostración de fuerza, es un mensaje a través del bombardeo y el ataque, incluso con daños a la población, al gobierno de Duque y una advertencia a la misma administración Biden”.
Gonzales Posso pidió a organismos Internacionales, como la Cruz Roja, intervenir en la zona del conflicto dadas las denuncias de la población civil sobre agresiones y excesos cometidos por los militares venezolanos en medio de los bombardeos.
Mientras en Arauquita la administración local decretó el toque de queda nocturno, como medida para controlar el orden público en la población, el Gobierno Nacional ordenó el desplazamiento a la zona de 9.000 militares, del Ejército, La Fuerza Aérea y la Armada Nacional, en un despliegue denominado “Plan Muralla, frontera segura regulada”, con el fin de preservar la soberanía y evitar que los disidentes regresen al territorio colombiano.
