Las reglas son muy estrictas para vivir en San Vicente, un barrio de Maracay en el norte centro de Venezuela. Los hombres no pueden salir de sus casas sin camisas, los niños no pueden estar en la calle después de las 6 p.m., y las casas deben estar alumbradas y ser decoradas con plantas afuera.
Por ANTONIO MARÍA DELGADO – EL NUEVO HERALD
Éstas y otras reglas, que también incluyen una prohibición a la venta de drogas y de cigarrillos, deben ser cumplidas sin excepciones. Violarlas le puede ganar al infractor un juicio en el que un jurado puede impartir castigos muy severos, incluyendo el exilio y hasta la muerte.
San Vicente, al igual que muchos otros barrios en Venezuela, son gobernados por bandas delictivas asociadas al régimen de Nicolás Maduro, y el hecho de que han pasado a ser la autoridad dentro de vastas zonas del país refleja el gran poder que han acumulado dentro del país petrolero, muestra un informe publicado el miércoles por la organización periodística abocada a investigar la criminalidad Insight Crime.
En Venezuela, organizaciones criminales son parte intrínseca del régimen de Caracas, que no solo se ha asociado a varias de ellas en la conducción de negocios ilícitos, sino que también cuenta con el poder de fuego que ellas tienen para defender la denominada Revolución Bolivariana, segun el informe.
Estas alianzas han instaurado a en Venezuela un estado híbrido donde “casi todo es posible: narcotraficantes financian obras públicas, los colectivos (organizaciones paramilitares) gestionan los servicios públicos, los pranes (bandas criminales) coordinan traslados de prisioneros, y las pandillas han establecido fundaciones caritativas que reciben financiación estatal para todo, desde programas deportivos hasta clínicas médicas”, señala el informe.
“Esta cesión de funciones estatales también le ha permitido al régimen de Maduro encauzar recursos y oportunidades económicas a los grupos armados, estableciendo una relación clientelista”, agregó el estudio, titulado el Surgimiento del Estado Híbrido Criminal en Venezuela.
El resultado final es que elementos de la guerrilla colombiana, bandas criminales y agrupaciones paramilitares también involucradas en operaciones delictivas disfrutan de estrechas alianzas con el régimen o han sido asimiladas totalmente, señala el estudio.
El fenómeno comenzó con la incorporación de las bandas paramilitares conocidas como colectivos a la denominada revolución bolivariana durante la presidencia de Hugo Chávez. Pero fue después que el fundador del chavismo sucumbió al cáncer en el 2013 que el matrimonio del régimen con las agrupaciones criminales terminó alimentándose en el país.
El respaldo de los sectores criminales se volvió esencial para que Maduro lograra sobrevivir lo que lucía como una tormenta perfecta que amenazaba su gobierno, ante el hecho de que no contaba con el mismo grado de popularidad que Chávez, su victoria electoral desde un inicio fue cuestionada, y el inicio de su presidencia coincidió con el del colapso de la economía venezolana.
“La respuesta de Maduro fue potenciar uno de los legados más turbios de la era de Chávez: la relación convergente entre el Estado venezolano y grupos armados y del crimen organizado. Lo que siguió puso a Venezuela en un camino único de evolución delictiva”, señala el estudio.
“Hoy, los grupos criminales y los actores estatales corruptos juntos forman un estado híbrido que combina la gobernabilidad con la criminalidad, y donde los grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en él se forman redes criminales,” enfatizó.
El régimen se beneficia por el hecho de que estás agrupaciones están armadas en las calles y pueden ser llamadas en cualquier momento para salir a defender a Maduro frente a cualquier movimiento interno de resurrección. A cambio, el régimen les permite llevar libremente sus operaciones delictivas y hasta se les permite asumir el control sobre territorio.
Una clara ilustración de este último punto es la situación en San Vicente, cuyas estrictas reglas fueron impuestas por una fundación conocida como Somos El Barrio JK, frente público de la más poderosa banda criminal de Venezuela: el Tren de Aragua. San Vicente es un barrio que se encuentra cerca de la base de operaciones de la organización criminal la Cárcel de Tocorón.
El Tren de Aragua no solo controla las vidas de los miles de reos que habitan en el centro penitenciario, sino que también los residentes que habitan en la zona aledaña. “Tocorón se ha vuelto como un reino… El estado se ha volcado por completo control”, dijo Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, en declaraciones reproducidas en el informe.
Pero la agrupación criminal no sólo estableció el control dentro de las prisiones, sino que también con la asistencia de elementos estatales, ha pasado a ser parte del gobierno híbrido, lo que le ha permitido extender su influencia fuera de Tocorón.
A la actuación de bandas como el Tren de Aragua se le suma la actuación de los colectivos, cuyos miembros forjaron vastas redes a lo largo del país y actuaban como fuerzas de choque armados dispuestos a utilizar la violencia para aplastar las manifestaciones de protestas contra el régimen.
Estos también actuaban en distintas zonas del país como fuerzas de control social, a cambio de lo cual se le otorgaba mano libre para incursionar en el crimen, incluso cuando en ocasiones eran incorporados en organismos policiales. Esto ocurrió así, porque las presiones económicas que enfrentaba el régimen no le permitía mantener en nómina a los miles de integrantes de los colectivos, señala el estudio.
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