Redaccion El Tequeno La oposición al régimen de Nicolás Maduro se halla en la tesitura de cómo situarse ante el aumento de la presión de EE UU, que amenaza la soberanía del país pero puede suponer el final de un régimen que ha debilitado los derechos fundamentales.
El jurista Mariano de Alba defiende que, aunque en determinadas condiciones extremas una intervención exterior podría estar justificada, esas condiciones actualmente no se dan en Venezuela. Para la politóloga y profesora Colette Capriles, quienes defienden una estrategia de máxima presión olvidan considerar sus consecuencias.
El camino difícil hacia una democracia
¿No hay alternativa a una intervención por la fuerza en Venezuela? Es crucial evaluarlo, porque así lo cree una parte de la población venezolana y del liderazgo político opositor, especialmente luego del fraude del 28 de julio de 2024. Aunque existen condiciones extremas en las que una intervención podría estar justificada, actualmente esas circunstancias no están dadas.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha decidido aferrarse al poder por la fuerza de su control institucional y una represión desenfrenada en contra de los venezolanos que se expresaron para tratar de hacer realidad su deseo de cambio político a través del voto.
Durante los últimos 12 años, además, cada vez más venezolanos han apoyado e intentado distintos métodos de acción política para tratar de lograr una alternancia. La respuesta del Gobierno no solo ha sido la violación sistemática de sus derechos humanos, investigados como crímenes de lesa humanidad por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, sino que también ha tenido una responsabilidad preponderante en un colapso económico sin precedentes. Ese colapso, además de devastar las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, es la principal razón del éxodo de más de siete millones de venezolanos. Hoy, las limitaciones para hacer oposición al régimen de Maduro en Venezuela son severas e innegables.
Sin embargo, si algo también demostró la participación opositora en las elecciones de 2024, es que, aunque hubo tácticas que se descartaron como inútiles en el pasado, eso no elimina la posibilidad y relevancia de volver a intentarlas. En 2018, la oposición se abstuvo de participar en la presidencial denunciando falta de condiciones. En 2024, incluso con peores condiciones, participó, ganó y lo demostró. Pero esa coordinación y organización por un cambio político en Venezuela fue de carácter predominantemente electoral.
Si el objetivo es que en Venezuela haya democracia y prosperidad económica, todavía está pendiente la construcción de un movimiento social amplio que busque consensos sobre cómo concretar el cambio político y componer al país. Ese esfuerzo también debe tratar de definir acuerdos de convivencia con al menos parte de quienes sostienen a Maduro en el poder, porque algo que se debió haber asimilado de la aciaga experiencia con Hugo Chávez es que la democracia no sólo es el gobierno electo por una mayoría sino también el respeto de los derechos de las minorías.
Esa opción, aunque enfrenta importantes limitaciones producto de la represión, no es de imposible realización. Lo sencillo es descartar de plano esa y cualquier otra alternativa y apostar por una solución militar estadounidense. Pero, así como es cierto que sin presión internacional es improbable que el régimen de Maduro ceda en su intención de perpetuarse en el poder, es igualmente crucial que la iniciativa y organización interna sea la protagonista de cualquier esfuerzo para lograr el cambio político y democratizar el país.
En el ámbito internacional, cuando se asume que obtener autorización para el uso lícito de la fuerza es imposible, se han justificado intervenciones señalando la concurrencia de tres elementos: 1) la evidencia convincente, generalmente aceptada por la comunidad internacional, de una crisis humanitaria de gran escala que requiere ayuda inmediata y urgente; 2) que no exista ninguna alternativa al uso de la fuerza para salvar vidas, y 3) que el uso de la fuerza sea necesario y proporcional al objetivo de aliviar la necesidad humanitaria.
En Venezuela, es innegable que existe una crisis humanitaria, reconocida desde 2019 por organismos especializados de la Organización de Naciones Unidas. Pero lo que hemos visto desde hace tres meses en el mar Caribe y lo que se especula que podría ocurrir no es precisamente un despliegue para atender esa crisis, sino una operación cuyo objetivo nominal es luchar contra el narcotráfico, y la suposición de que una intervención militar estadounidense llevaría fácilmente a la salida de Nicolás Maduro del poder.
Más preocupante aún es que hasta ahora las acciones estadounidenses en el mar han estado desprovistas de la proporcionalidad, necesidad y distinción que en cualquier caso debe regir el uso de la fuerza militar. Esto sugiere la posibilidad de que una intervención por la fuerza en el territorio se pudiese terminar cobrando indiscriminadamente la vida de venezolanos, complicando más una resolución que permita construir un sistema democrático estable. Igual de importante que lograr una transición es cómo se logra, porque ello incidirá en el futuro del país.
En el pasado reciente, en Venezuela ya se han vivido periodos donde la esperanza y los esfuerzos se centraron casi absolutamente en el accionar internacional sin que ello finalmente condujera a un cambio. Más bien, esa estrategia también terminó incrementando la desmovilización y produjo una profunda desilusión que facilitó la continuación de la dictadura. Para que Venezuela logre el ineludible objetivo de un cambio político, es crucial no sólo lograr reactivar la movilización interna, sino que cualquier iniciativa de presión internacional venga acompañada de un esfuerzo más multilateral, proporcional y centrado explícitamente en ayudar a los venezolanos a construir un sistema democrático y hacer frente a la tragedia humanitaria.
