Delsa Solórzano exige aclarar contradicciones sobre fechas, autopsia y entrega del cuerpo de Víctor Hugo Quero

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, volvió a pronunciarse este sábado sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas y advirtió que el preso político «no puede ser enterrado dos veces: primero en el silencio y luego en la impunidad”.

Recordó que, tras meses de búsqueda por su desaparición forzada, la madre del joven tuvo que reconocer su cadáver. “Ayer, con la exhumación, no solo se abrió una tumba: se abrieron preguntas que el Estado está obligado a responder”, afirmó.

Solórzano señaló que existen contradicciones graves sobre la fecha real de la muerte. “Hay una contradicción central que no puede tratarse como un simple error administrativo”, dijo. El comunicado oficial indica que Quero falleció el 24 de julio de 2025; la lápida de papel colocada en la sepultura marca el 27 de julio; y el acta de defunción fue emitida el 30 de julio.

Recordó que el artículo 23 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios establece que la inhumación debe realizarse en un lapso no mayor de 48 horas después del fallecimiento. “Por eso, los tiempos no cuadran”, afirmó.

Explicó que si murió el 24, debió ser enterrado el 26; si murió el 27, debió ser enterrado el 29; pero el entierro figura el 30 de julio. “Entonces las preguntas son inevitables: ¿murió Víctor Quero el 24 de julio, como dice el comunicado oficial, o el 27 de julio, como indica la lápida de papel? ¿Por qué el entierro aparece el 30 de julio, fuera de los lapsos legales? ¿Lo enterraron sin acta de defunción?”, cuestionó.

También exigió aclarar si se practicó la autopsia. “La ley obliga a practicar autopsia cuando fallece una persona privada de libertad. No bastaría con decir que hubo autopsia. Hay que saber quién la ordenó, quién, cuándo y dónde la practicó, y qué evidencias se preservaron”, señaló.

Solórzano preguntó por qué no se entregó oportunamente el cuerpo a la familia. Citó el artículo 51 de la misma ley, que establece que los cadáveres fallecidos en un hospital deben ser entregados en un lapso no mayor de cuatro horas una vez culminada la experticia médico-forense. “Si ese lapso no se cumplió, debe determinarse quién y por qué retuvo el cuerpo y bajo qué orden”, afirmó.

Solórzano, defensora de DDHH, cuestionó además que el comunicado oficial alegue que Quero “no presentó datos filiatorios”, recordando que estos se obtienen automáticamente durante el fichaje del detenido. También advirtió que existen “serias contradicciones sobre el lugar de reclusión”.

“Una madre no puede buscar a su hijo durante meses para terminar reconociendo un cadáver que el Estado tenía la obligación de identificar, resguardar y entregar conforme a la ley”, expresó.

Solórzano también preguntó cómo se le negó una amnistía a una persona que ya había fallecido. “Hay que responder: ¿quién sabía de su muerte?, ¿desde cuándo lo sabía?, ¿por qué no se informó a su familia?, ¿se informó al tribunal?, ¿por qué se mantuvo la opacidad? Negar una amnistía a una persona ya fallecida no es un dato menor. Es señal de desorden institucional, ocultamiento o manipulación de información sensible sobre una persona que estaba bajo responsabilidad del Estado”, afirmó.

Exigió además saber si el juez de la causa fue notificado formalmente del fallecimiento. “Debe existir constancia en el expediente: fecha de notificación, autoridad que notificó, soporte documental y actuación judicial correspondiente. Si no hubo notificación, también debe investigarse. Si la hubo, debe hacerse pública la trazabilidad institucional de esa actuación”, señaló.

La dirigente insistió en que el caso debe investigarse conforme al Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas y recordó que el artículo 43 de la Constitución obliga al Estado a proteger la vida de las personas privadas de libertad. “Víctor Hugo Quero estaba bajo responsabilidad del Estado”, subrayó.

“Son muchas más las contradicciones. La investigación debe ser clara y deben determinarse los responsables. Exigimos verdad, justicia y reparación. Todo nuestro afecto y solidaridad para su madre, la señora Carmen Navas”, concluyó.