a influencia de Rusia y China en Venezuela no solo ha servido para hacer negocios con el Gobierno chavista, también para perfeccionar los mecanismos de control ciudadano y espionaje.
El Tiempo | Ana Rodríguez
Por muchos años, expertos en seguridad han denunciado estas prácticas, en las que se incluyen como objetivos de interceptaciones a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.
No son nuevas las denuncias de teléfonos ‘hackeados’ y chuzados, al igual que ocurre con las cuentas de los usuarios en redes sociales. Pero un reciente informe confirmó lo que era un secreto a voces en Venezuela.
En su documento de Transparencia 2021, la compañía Telefónica revela que en ese año interceptó 1’584.547 líneas telefónicas de clientes venezolanos. En 2016, esta cifra estaba en 380.250 interceptaciones.
La empresa, que opera en ese país desde el año 2005, difundió datos sobre las solicitudes de interceptaciones y bloqueos a sitios web recibidas de las autoridades en los doce países donde opera: Alemania, Reino Unido, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
En este país, estas chuzadas abarcaron a 20 % de los clientes de Telefónica Venezuela (que suman 7’928.000) frente a solamente 0,28 % en Brasil, 0,05 % en Argentina o 0,00 % en México, Colombia y Ecuador.
Además, se dieron entre 2016 y 2021 más de 3,5 millones de solicitudes de “intercepciones” destinadas a conocer datos del suscriptor y su ubicación “en tiempo real”.
A su vez, el documento detalla que las intervenciones fueron realizadas por mandato de los diferentes entes del Estado. Sin embargo, estas no se hicieron con órdenes judiciales, sino mediante dictámenes de investigaciones que adelantaban la policía, los militares, la inteligencia y la Universidad Experimental de Seguridad (Unes).
“En términos prácticos, ¿cuál es la necesidad de que una universidad tenga potestad para intervenir comunicaciones privadas?”, cuestionó el director de la ONG Espacio Público en diálogo con AFP.
«Esto habla de un nivel de vigilancia altísimo por parte del Estado», comentó.
A los teléfonos chuzados, además de monitoreos de mensajes de texto, rastreo y ubicación de personas y revisión de búsquedas de internet, se les suma el bloqueo a sitios de información y noticias por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Cuando hay comunicación con algún vocero gubernamental es común que este diga: “hablemos en persona porque mi teléfono debe estar intervenido”. Esto sucede con frecuencia, sobre todo si se trata de una conversación con un periodista.
Los modelos de China y Rusia
Anthony Daquin, asesor en asuntos de seguridad y exiliado en Estados Unidos, explicó a EL TIEMPO cómo opera el sistema de espionaje.
Básicamente, todo se centra, en primer lugar, en escuchar conversaciones. Luego, un operador decodifica los mensajes para saber si son de interés del Gobierno y ahí se procede a fichar a la persona espiada, ubicando hasta sus movimientos bancarios.
Daquin cuenta también que el sistema chino de control social es el que se aplica en Venezuela, por lo que el Gobierno sabe prácticamente todo de todos. No obstante, el experto va más allá, señalando que la región es también espiada desde el país.
“La situación geopolítica de Venezuela, el Golfo de Paria, la Isla de la Orchila y la cercanía con Ecuador permiten que espiar sea mucho más fácil. Se interceptan los satélites; ese uno de los sistemas de Rusia, a través de satélites”, asegura Daquin, en conversación con este diario.
El especialista sostiene que los satélites rusos p18 están haciendo su trabajo y que incluso han logrado penetrar Colombia.
Esta información coincidiría con los reportes del Center for a Secure Free Society, que en varias oportunidades ha indicado a este medio cómo esos dispositivos ubicados en la frontera están haciendo labores de espionaje para obtener información del vecino país.
Pero, también “a China le conviene espiar porque Estados Unidos es un enemigo”, recalca Daquin.
Veto en internet
Al espionaje hay que sumarles los bloqueos a sitios web de noticias, también revelado en el documento.
Precisamente el 3 de junio, el presidente del diario El Nacional, Miguel Otero, le dijo a EL TIEMPO que los bloqueos al periódico habían aumentado desde la operadora Telefónica por orden del Estado, pero sin una base legal u orden judicial.
Y, de hecho, en este informe de transparencia se reconoce que en 2021 se bloquearon 27 dominios (sitios web).
A propósito, más de 1.300 sitios han sufrido entre 2016 y 2021 bloqueos o restricción de contenidos en Venezuela por solicitud de la Conatel.
De acuerdo con el informe, el año con mayor cantidad de bloqueos fue 2016, con 1.050, seguido de 2018, con 106; mientras que en 2021 fueron 30 las solicitudes. Además, el año pasado, según el documento, se solicitó el acceso a metadatos de 997.679 líneas.
Desde 2016 hasta 2021, el número de accesos afectados por las intervenciones aumentó alrededor de cuatro veces: hace cinco años se pidió intervenir 234.932 líneas.
“Es un abuso sistemático de la interceptación de comunicaciones”, dijo a la AFP Andrés Azpúrua, director de VE Sin Filtro, una ONG venezolana que lucha contra bloqueos y restricciones en internet.
Las interceptaciones por agentes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y otras autoridades evidencian “un programa de vigilancia masiva a través de intercepción de comunicaciones y captura de metadatos”, alertó Azpúrua, quien denuncia esta situación como “una violación a gran escala de los derechos humanos” que “dibuja un escenario autoritario”.
De hecho, la organización Ve Sin Filtro resalta en su informe de 2021 que de acuerdo con la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas –aprobada en el año 2016– “todos los Estados tienen la obligación de asegurar la libertad y la seguridad en internet, por lo que impedir el acceso es considerado una violación de los derechos humanos”.
Pero eso no se respeta en suelo venezolano. Para acceder a un portal informativo es necesario descargar un VPN, una herramienta que permite burlar estos bloqueos.
Además, ha crecido el número de usuarios para las plataformas Signal o Telegram, evadiendo los ‘hackeos’ y chuzadas telefónicas.
“El sistema encriptado de Signal hace difícil que el Gobierno lo intercepte”, recuerda Daquin, recomendando además el uso de móviles iPhone debido a que para acceder a esos datos es necesario pedir permiso a Apple, que es una empresa de Estados Unidos, algo que Venezuela no puede hacer.
En el país conviven tres operadoras de telefonía. La estatal Movilnet, administrada por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), y las privadas Movistar y Digitel.
Además de la deficiencia en los servicios, a través de Movilnet y Cantv se hace la mayoría de los bloqueos de internet.
Si bien los datos corresponden a una sola de las empresas de telecomunicaciones que operan en Venezuela, “uno debe pensar que la situación es similar en las otras”, añade.
Aunque no hay datos públicos de las demás, “el número de intervenciones solicitadas también debe ser altísimo”, estimó Correa en diálogo con esa agencia.
