Redaccion El Tequeno
Silbelis Morillo, esposa del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Yohanny David López Pernia, denunció públicamente las circunstancias de la detención de su esposo, uno de los 15 militares apresados en febrero de 2025 por el caso denominado Operación Oro.
López Pernia, oriundo de Sábana de Mendoza, estado Trujillo, trabajaba en Caracas bajo la coordinación del magistrado Maikel Moreno.
Según relató Morillo, el 27 de febrero de 2025 fue detenido sin que su familia recibiera notificación oficial. “Nadie me llamó, nadie me informó nada de lo que estaba sucediendo. Me enteré seis días después que lo habían entregado”, expresó.
Ante la incertidumbre, Morillo viajó a Caracas junto a su hijo de dos años para buscar información. Relató que uno de los compañeros de trabajo de López Pernia le indicó que estaba en una misión, y posteriormente fue contactada por un coronel que le informó que el militar estaba bajo investigación, sin ofrecer mayores detalles.
La denunciante aseguró que acudió al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una reunión con el magistrado Moreno, pero no fue atendida.
Al día siguiente, Diosdado Cabello anunció en su programa televisivo la detención de 15 personas vinculadas a la llamada Operación Oro.
Contexto oficial de la Operación Oro
De acuerdo con las autoridades, la Operación Oro fue un plan conspirativo desmantelado en febrero de 2025, que presuntamente buscaba atacar instalaciones militares en Guárico y Barinas, colocar explosivos en un helicóptero y secuestrar al magistrado Maikel Moreno.
El gobierno calificó la operación como un intento de desestabilización con participación de actores extranjeros y mercenarios, entre ellos el estadounidense Matthew VanDyke.
Reclamo de la familia
Morillo afirmó que su esposo permanece recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I y que solo pudo verlo después de un año y un mes de su detención. “Pido su libertad inmediata. Es otro militar preso por un tema político en el que nunca tuvo nada que ver”, sostuvo.
La denuncia se suma a los reclamos de familiares de otros militares detenidos en el marco de la operación, quienes aseguran que se trata de un proceso con motivaciones políticas y sin pruebas que vinculen a los acusados con los planes señalados por el gobierno.
