La coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, considera que la Oficina establecida por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, en Venezuela, no tiene efectividad real en términos prácticos, que no hay control ni seguimiento a las recomendaciones y que toda la actuación de los oficiales de Naciones Unidas está sujeta a la discrecionalidad del Estado, que en cualquier momento les pedirá abandonar el país.
El pasado 29 de junio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de DDHH un informe sobre el avance de la situación de las garantías ciudadanas fundamentales en Venezuela. En el mismo, reconoció mejoras a partir del permiso, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, para que hicieran su trabajo en propio terreno venezolano, pero también señaló que los espacios para las libertades cívicas siguen restringidas.
En su intervención, Bachelet aseveró que, entre los avances, figura el hecho de que no se haya registrado ninguna muerte en protestas pacíficas relacionadas, sobre todo, con la situación socioeconómica, como sí ocurrió en las protestas contra el gobierno chavista en 2017.
También resaltó que se documentaron menos detenciones arbitrarias y que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) habían sido desactivadas, tal como había recomendado su oficina.
La presentación y el documento mismo generaron polémica. Bachelet no se refirió a casos como la muerte luego de ser objeto de torturas del capitán Rafael Acosta Arévalo, tampoco al proceso judicial e investigaciones por la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y, en el caso de las FAES, a que continúan los operativos por parte de fuerzas de seguridad que tienen otro nombre.
La poca contundencia evidenciada en el informe se produce en el marco del anuncio por parte de la propia Bachelet, en cuanto a que no optará a un nuevo período en el cargo. Visto que fue durante su gestión a partir de 2019 que se lograron acuerdos con el Ejecutivo venezolano para la actuación de oficiales de su despacho en el país, existe la posibilidad de que, con un nuevo comisionado, se vuelva a la situación anterior, cuando no se permitió el ingreso de delegados de Naciones Unidas a Venezuela y el gobierno descalificaba las actuaciones del alto representante de la ONU.
La coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, advierte sobre la fragilidad de los acuerdos suscritos por la oficina de Bachelet y el gobierno de Nicolás Maduro y asevera que los tres años de gestión de la crisis de derechos humanos evidenciada en Venezuela a partir de la fuerte represión de las que fueron objeto las manifestaciones contra el gobierno en 2017, arrojan diversos fracasos de una gestión que, aunque ciertamente ha menguado en estos años de pandemia por el coronavirus, apunta a recrudecerse en la medida que se acerque el proceso electoral presidencial de 2024.
«Teníamos una relación bastante buena y estábamos bastante conformes con lo que había sido el mandato del anterior Alto Comisionado, Zeid Raad Al Hussein, porque él había hecho un esfuerzo muy importante en tener vínculos directos con las organizaciones de derechos humanos y en hacer un seguimiento muy minucioso sobre la situación que estaba afectando al país, por lo que sus informes fueron sumamente importantes para visibilizar, en el escenario de Naciones Unidas, en el Consejo de Naciones Unidas y en el entorno internacional, la situación de Venezuela», indica Lexys Rondón, quien destaca que, sin embargo, el anterior Alto Comisionado fue sumamente descalificado por el Estado venezolano.
«Se le presentaba como una persona a la que quitaban todos los atributos de su labor en defensa de los derechos humanos, su gran experticia y conocimiento en materia de protección, desdeñándolos por ser una persona que venía de algunos estratos sociales altos, porque que tenía ‘ciertos privilegios’ de clase», explica.
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